La Cámara de Diputados aprobó ayer sancionar con prisión preventiva oficiosa la emisión de facturas que amparen operaciones inexistentes, un fenómeno que se acrecentó, según explicó Morena, en el sexenio pasado y facilitó el florecimiento de empresas fantasma y la elusión fiscal.

Incluso, Mario Delgado sostuvo que, al considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada y un delito contra la seguridad nacional, las cárceles se llenarán de evasores.

PAN, PRI y PRD alertaron que la medida desincentivará la inversión y se corre el riesgo de que, por error de contadores, cualquier contribuyente pueda ser encarcelado o, incluso, que las empresas sean sujetas de extinción de dominio.

Abril Alcalá (PRD) expresó: ¡Aguas! Porque hay por ahí dos contadores, el de Yeidckol Polevnsky y el de Ana Gabriela Guevara, que podrían meter a mucha gente a la cárcel.

Durante la discusión de las reformas a las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como a los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, el Partido del Trabajo admitió que aplicar la prisión preventiva de oficio es desproporcionado, pero que también lo ha sido el saqueo al país. Es un exceso, sí, pero venimos de los excesos y hay que pararlos así, argumentó Óscar González. Incluso señaló que grandes empresas, como América móvil, Peñoles, Grupo México, Walmart de México, Maseca o Televisa, que tienen utilidades multimillonarias, sólo han pagado entre 2 y 6 por ciento el ISR. Y mi fuente es la Bolsa Mexicana de Valores, dijo.

En la tribuna, Enrique Ochoa Reza (PRI) explicó que con la reforma se criminaliza al contribuyente, al aplicarse la prisión preventiva de oficio y la extinción de dominio.

Propuso excluir la defraudación fiscal de las leyes Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional. Argumentan que no quieren criminalizar al contribuyente. Esta es la oportunidad: corrijan la minuta del Senado.

Sin embargo, la mayoría rechazó todas las reservas, incluida una de Lorena Villavicencio (Morena), que antes había votado en contra del dictamen, al igual que sus compañeros de bancada Sergio Mayer Bretón, Martha Patricia Ramírez Lucero, Ulises Murguía y Javier Castañeda Pomposo.

Villavicencio resaltó que la reforma afecta el principio constitucional de presunción de inocencia que la cámara está obligada a preservar.