La iniciativa privada reclamó al gobierno federal y al Congreso no ser tomados en cuenta, tras los ejercicios de parlamento abierto, en la discusión sobre la reforma fiscal que equipara la falsificación de facturas falsas con delincuencia organizada. Advirtieron que buscarán amparos.

Afirmaron que con la entrada en vigor de esta medida, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se vuelve juez y parte en los procedimientos y con dicho poder puede cometer actos discrecionales.

Reginaldo Esquer, presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que a la IP se nos dio atole con el dedo, pues las pláticas no funcionaron. Ante ello, anunció que buscarán interponer amparos ante tribunales nacionales y, de ser necesario, fuera del país en contra de la ley de empresas factureras.

Si tenemos las condiciones legales, sí estaríamos dispuestos a revisar y a coordinar la posibilidad de promover un juicio de amparo, en el caso de quienes tengan otras oportunidades como los mismos diputados o senadores que votaron en contra, que tendrán el derecho de promover, dijo.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), lamentó que en el parlamento abierto promovido por la actual administración no se hayan tomado en cuenta las opiniones de los empresarios con relación a dicha reforma. Lamentamos que el ejercicio de parlamento abierto implementado en esta administración no haya cambiado los puntos de vista y que se hayan tomado decisiones monolíticas. El sector privado no está en desacuerdo con la reforma, sino con los métodos para su puesta en marcha, expuso López Campos.

Este martes, el pleno de San Lázaro aprobó en lo general la propuesta fiscal y penal, hecha por el Ejecutivo federal y que ya fue aprobada en el Senado, que equipara la emisión de facturas falsas con delincuencia organizada, por lo que contribuyentes y empresas que incurran en esto, podrán ser acreedores de prisión preventiva oficiosa, cuando el monto del documento falseado supere 7.8 millones de pesos.