Nueva York. A lo largo de los 21 días desde que el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes anunció su investigación para formular cargos en un juicio político al presidente Donald Trump, éste y su equipo han acusado a legisladores demócratas de traidores a la patria, han puesto en peligro personal a los denunciantes, han amenazado a periodistas y han reiterado que no cooperará con las investigaciones.

Pero las pesquisas de la cámara baja se siguen acelerando con diplomáticos que comparecen ante investigadores, a pesar de la orden de no cooperación de su jefe, un constante goteo de filtraciones desde dentro de la Casa Blanca está abriendo más flancos, entre ellos el anuncio de un segundo denunciante, todo nutriendo la paranoia de Trump sobre su propio equipo y algunos de sus ex colaboradores (incluido John Bolton), algo que se intensifica ahora con una indagatoria a su asesor y abogado personal Rudolph Giuliani.

El muro de Trump contra la investigación, que la Casa Blanca ha declarado ilegítima e inconstitucional, no ha logrado frenar el testimonio ante los comités de la cámara baja de funcionarios claves, incluyendo por primera vez alguien de la Casa Blanca.

El lunes testificó la ex asesora sobre Rusia de la presidencia Fiona Hill, quien detonó una bomba al declarar –en sesiones a puerta cerrada pero con detalles generales compartidos con los medios– que se le ordenó, por conducto del entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton, compartir su información con un abogado del Consejo de Seguridad Nacional sobre los esfuerzos de Giuliani para presionar al gobierno ucranio a investigar a los rivales políticos de Trump, algo que hizo en dos ocasiones.

Hill también reveló a los legisladores que Bolton le comentó que él no tenía nada que ver con el negocio de drogas que el embajador a la Unión Europea, Gordon Sondland, y el jefe del gabinete Mick Mulvaney están cocinando –en referencia a las maniobras políticas posiblemente ilícitas que sospechaba– y que Bolton calificó a Giuliani de una granada de mano que nos va a hacer estallar a todos.

Legisladores demócratas concluyen, con base en éste y otros testimonios, que la relación bilateral del régimen de Trump con el nuevo gobierno de Ucrania tenía una vía oficial formal y otra que se manejaba en las sombras encabezada por Giuliani, quien no ocupa ningún puesto oficial en este gobierno.

Toda la investigación gira, por ahora, sobre el intento de Trump y algunos de sus asesores –sobre todo Giuliani– de presionar al gobierno ucranio para lanzar investigaciones contra el ex vicepresidente y rival político del magnate, Joe Biden y su familia, lo cual significa solicitar la asistencia de un gobierno extranjero para influir en la elección estadunidense de 2020, acto ilegal.

Giuliani enfrenta ahora sus propios apuros legales y es investigado por la misma oficina en Nueva York donde, siendo un joven fiscal federal, primero ganó fama combatiendo al crimen organizado y la corrupción oficial.

El lunes admitió que le fueron pagados 500 mil dólares por una empresa de Lev Parnas, un donante a la campaña de Trump y uno sus dos socios que le ayudaron obtener acceso a funcionarios ucranios para buscar, entre otras cosas, información dañina contra demócratas. Parnas y un colega fueron arrestados la semana pasada en el aeropuerto de Washington acusados de violar leyes de financiamiento electoral al canalizar fondos extranjeros a campañas republicanas.

Giuliani informó ayer que no cumplirá con la orden de la cámara baja de entregar documentos sobre toda esta controversia.

A la vez, abogados del vicepresidente Mike Pence informaron al Congreso que su cliente no cooperaráa con la investigación.

Por otro lado, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), agencia del Ejecutivo, también informó que tampoco cumplirá con la solicitud de los legisladores para entregar material relevante con la investigación.

Pero la fila de testigos llamados ante los investigadores en la Cámara de Representantes continúa –ayer fue el turno del alto funcionario de Estado George Kent– y si todos los citados hasta ahora aceptan presentarse, los legisladores habrán interrogado un total de 11 funcionarios del régimen de Trump al concluir la próxima semana.

Trump, quien ha rehusado ofrecer documentos y testigos, se quejó ayer de que los demócratas no están permitiendo ninguna transparencia en las audiencias de la Cacería de Brujas, ya que se están llevando a cabo a puerta cerrada.

A la vez, la insistencia de Trump en conocer la identidad del primer denunciante (ahora hay dos) dentro de la Casa Blanca –cuya queja formal detonó esta primera fase del proceso de impeachment–, a quien acusa de posiblemente ser un traidor, ha puesto en peligro la seguridad personal del denunciante, según sus abogados.

Por ello, el jefe del Comité de Inteligencia de la cámara baja, Adam Schiff, ha expresado que posiblemente no será convocado a declarar por el riesgo de que su identidad sea revelada. Más aún, algunos reporteros han señalado que el propio Schiff transita ahora por Washington con una escolta de seguridad oficial, algo poco común para un jefe de comité.

A lo largo de los últimos días, Trump no sólo ha descalificado el proceso de impeachment como antidemocrático e inconstitucional, sino que ha llegado a calificar a quienes participan como posibles traidores que dañan a Estados Unidos. Otros, como su jefe de campaña, ha considerado este proceso una conspiración sediciosa. La semana pasada, en un mitin electoral, Trump declaró que el proceso de impeachment y las investigaciones en su contra eran, en verdad, contra el país. “Estamos en una lucha por la sobrevivencia de la democracia en America”, declaró.

Por otro lado, 17 ex fiscales especiales que colaboraron en el proceso de impeachment detonado por el escándalo Watergate, publicaron un artículo en el Washington Post la semana pasada afirmando que existe suficiente evidencia para proceder con la destitución del presidente.