l gobierno y el Congreso habrán de establecer con sumo cuidado las pautas de la política económica para 2020, de manera que se cuente con un soporte suficiente para mantener la estabilidad no sólo en términos financieros, sino especialmente de las condiciones efectivas para generar suficiente empleo e ingreso para las familias.

El margen de maniobra presupuestal, según ha planteado ya la Secretaría de Hacienda, es muy apretado, precisamente en el momento en que se deben movilizar recursos para la inversión y así revertir la desaceleración de la actividad productiva registrada este año.

La inflación ha ido a la baja en meses recientes, pero debe quedar claro que esta situación se asocia con la caída de la demanda, es decir, del gasto de consumo e inversión.

Esta condición ha permitido reducir las tasas de interés, pero el impacto esperable del menor costo del crédito sobre el aumento de la demanda agregada no es de carácter automático, sino depende ahora, sobre todo, de las condiciones políticas.

No se ha conseguido establecer un entorno en el que se estimulen las decisiones que soporten un mayor crecimiento del producto jalado por el gasto público y la inversión privada.

Es imprescindible producir más y mejor. Se requiere crear las condiciones que favorezcan la generación de riqueza en un sentido eminentemente productivo, con una política fiscal que combine más capacidad de recaudación del gobierno con una mayor actividad económica, lo que genera empleo.

Este es, ciertamente, un equilibrio difícil de conseguir en las condiciones que prevalecen, pues si se quiere controlar el déficit fiscal y el nivel de endeudamiento del sector público habrán de asignarse de modo muy eficiente los recursos públicos, al tiempo que se estimula el gasto y se alienta la inversión privada. La situación requiere una gestión técnica eficaz y también un entorno político adecuado.

Sólo produciendo más habrá una base para redistribuir el ingreso de manera efectiva, reforzar la formalidad en la economía y también conseguir financiar mejoras sostenibles en el bienestar, por ejemplo, en el caso de los servicios de salud, la oferta de vivienda, las pensiones, etcétera.

Hoy, un arreglo que haga posible un entorno en el que el gobierno consiga los fines redistributivos y de mayor bienestar que se ha propuesto, y que son necesarios, tiene que armarse junto con la actividad de las empresas. Y no se trata sólo de las más grandes, sino también de las pequeñas y medianas, para que éstas tengan condiciones de seguir operando con márgenes de rentabilidad viables económicamente.

El partido del Presidente tiene una mayoría firme para gobernar y legislar. La presión fiscal debe modularse para alinear los objetivos del gobierno. Finalmente, se trata de mantener en la mira la proyección del conjunto de esta sociedad, puesto que se trata de un asunto de índole intergeneracional que no puede perderse de vista.

Aquí coexisten condiciones de un fuerte atraso social con necesidades de modernización que no admiten ser postergadas. Ese es el caso, entre muchos otros, de las transiciones energética y tecnológica que están en curso. Rezagarse en demasía será un error con costos que se extenderán por mucho tiempo. He ahí una responsabilidad enorme para el gobierno y el conjunto de la sociedad.

El país no está aislado y esta condición tiene que jugar un papel decisivo en las políticas de gobierno. Esto se expresa de manera clara en la necesidad que tiene la economía de renovar el TLCAN, del que dependen buena parte de la actividad industrial y los ingresos del turismo.

El entorno económico y político es proclive a un menor crecimiento con deflación persiste en el mundo. Según el FMI, hace dos años había una sincronización del crecimiento en la economía global medido por el PIB. Hoy, una mayor parte de las economías se mueven juntas en la desaceleración. Una paradoja es que en los casos de Estados Unidos o Alemania el desempleo está en niveles históricamente bajos, al tiempo que se reduce el nivel de la actividad económica.

Un indicador significativo de las tensas condiciones macroeconómicas es que en la Unión Europea y Japón los bancos centrales imponen ahora tasas de interés negativas, es decir, para mantener cierta seguridad de los depósitos se admite hasta una pérdida real de los recursos. Los fondos no están siendo usados para aumentar la producción.

Los movimientos en los mercados financieros se transmiten de modo muy rápido y para la política económica de México es imprescindible mantener el valor del peso frente al dólar. Una devaluación provocaría un costo muy alto y una inestabilidad muy grande.