uatro días antes de dejar la gubernatura de Coahuila, Rubén Moreira Valdez expidió la patente de aspirante a notario público a Jean Paul Huber Olea Contró, un abogado sin ejercicio profesional en la entidad, que se definía más bien como consultor político, especialista en estrategia, gerencia jurídica y defensa de voto (https://bit.ly/2IOWbep).

Dos días después, es decir, dos días antes de entregar el mando coahuilense, Moreira Valdez asignó al mencionado abogado la notaría pública 124, con sede en Saltillo. No sabría mucho de derecho notarial ni tendría experiencia en el ramo, pero sí de otros temas: Huber Olea Contró es presidente de Huber y asociados, consultoría jurídica, política y electoral, una firma que presume que su sólida trayectoria de más de 18 años en la actividad de la consultoría política nos ha permitido lograr respaldos y avales institucionales que generan valor agregado y confianza en los servicios que prestamos para nuestros clientes. Hemos asesorado campañas de diputados, locales y federales, senadores, presidentes municipales y gobernadores desde 1997 (https://bit.ly/329mmUC).

El pasado 10, el magistrado Francisco José Huber Olea Contró (hermano del notario público hecho al vapor por Rubén Moreira Valdez) sentenció al académico, escritor y comentarista en medios, Sergio Aguayo Quezada, a que pague 10 millones de pesos a Humberto Moreira Valdez (hermano del generoso dador de notarías, Rubén y, como éste, también ex gobernador de Coahuila; distanciados entre ellos pero no exentos de coincidir en ciertos puntos).

El castigo a Aguayo (que será objetado mediante una solicitud de amparo federal, en un curso que seguramente terminará en una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) sería por la publicación de un texto en enero de 2016, en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón, en que el investigador de El Colegio de México consideró que Moreira (detenido el 15 de enero de ese 2016 y luego liberado en España, bajo acusaciones de malversación de recursos y blanqueo de dinero) es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana.

En ese contexto debería investigarse y castigarse el conflicto de interés del magistrado Huber Olea Contró, al fallar a favor de un Moreira Valdez (fallo que debería revertirse), dado que su hermano (Jean Paul) fue beneficiado presurosa e injustificadamente por otro Moreira Valdez. El hedor corrupto.

No le habrá de ayudar mucho a Jaime Bonilla Valdez el simulacro de consulta que se hizo organizar en Baja California para llegar al resultado de convalidación que era previsible en las condiciones desorganizadas y facciosas en que se realizó tal ejercicio de ficción política. Electo para gobernar dos años, Bonilla Valdez ha hecho cuanto se le ha ocurrido para tratar de prolongar tres años su estancia en la máxima silla política de aquella entidad norteña.

El tribunal electoral federal ha confirmado la validez de la constancia de mayoría a favor de Bonilla Valdez por dos años, ante impugnaciones relacionadas con la presunta condición de inelegible del polémico empresario que mantiene desde hace años una relación de amistad y acompañamiento político con el ahora presidente López Obrador.

Pero, en el ámbito local, el Congreso elaboró una llamada Ley Bonilla (en un intercambio de favores políticos entre morenistas con los panistas que en ese momento dominaban tal congreso bajacaliforniano) y, con tal parapeto, la actual conformación mayoritaria de Morena organizó una consulta para que los ciudadanos votaran por un gobierno de cinco años o por la contrarreforma que significaría solamente dos. Obviamente, ganó ampliamente la opción de los cinco años. Ya vendrá el momento procesal en que el tema llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirá la última palabra. ¡Hasta mañana!

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