os sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en toda la nación, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportaciones. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatoriana, como crisis de la gobernabilidad, debemos remontarnos seis años atrás. En 2013 hablamos del fin del consenso lulista, como consecuencia de la oleada de movilizaciones conocidas como Junio 2013, que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresista en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).

Dos años después, con la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina fue evidente que se aceleraba el fin del progresismo, pautado por una nueva fase de los movimientos que se están expandiendo, consolidando, modificando sus propias realidades (https://bit.ly/2XCMzbB). Una de las principales características del nuevo periodo conservador, o derechista, es la evaporación de la gobernabilidad y el ingreso en un periodo de inestabilidad sistémica.

A modo de recordatorio, quisiera destacar algunas características del periodo que vivimos en América Latina, y que ahora emergen de forma transparente en Ecuador.

La primera es el protagonismo de los movimientos, o sea de la gente común organizada y movilizada. Este es el aspecto central. Si el fin del ciclo progresista lo anunciaron las gigantescas movilizaciones de Junio 2013 en más de 350 ciudades de Brasil durante un mes, el ocaso de las nuevas derechas anuncian las movilizaciones en torno a Congreso de Buenos Aires, contra la reforma de las pensiones, en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de una fenomenal batalla campal en la que casi 200 personas fueron heridas por la policía en pocas horas, el 19 de diciembre, los medios destacaron: Argentina está demostrando una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares (https://bit.ly/2CC2XOZ). No es casualidad que pocos meses después comenzara la escalada del dólar que sepultó al gobierno macrista.

La segunda es que el fin de la gobernabilidad, propia de los primeros años del progresismo, es de carácter estructural y tiene poca relación con los gobiernos. El ciclo progresista se cimentó en los altos precios de commodities, con grandes superávits comerciales que lubricaron las políticas sociales. Mejorar el ingreso de los más pobres sin tocar la riqueza, fue el milagro progresista.

Ese consenso se terminó con la crisis de 2008 y la guerra comercial Estados Unidos-China no hace más que profundizar la inestabilidad. No es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.

El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos, progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de cualquier color.