enudo enredo se ha armado en torno a la elección de dirigencia de Morena. Además de la circunstancia surrealista relacionada con un padrón de militantes del partido en el poder, cuya cuantía y confiabilidad ponen en duda varios de los probables competidores, la actual presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, ha llegado al extremo (que parecería impensable en otro contexto) de acusar de delincuencia electoral a algunos miembros de la plantilla estelar y favorita del obradorismo para el reparto asistencial, los superdelegados estatales.

Polevnsky, cuya carrera política luego de dejar una representación de intereses empresariales ha dependido estrictamente de la imperativa voluntad de quien hoy preside a la nación, ha dado a esa estructura de coordinadores estatales de programas federales un golpe políticamente más fuerte que el gestionado y conseguido por el Partido de la Revolución Democrática (con el ex diputado Rafael Hernández Estrada como uno de los principales promotores) en el ámbito del Instituto Nacional Electoral.

El PRD denunció que, al distribuir recursos públicos, los llamados servidores de la nación realizan actos de promoción personalizada; el tema ya ha pasado al tribunal electoral federal para la decisión final. La acusación va contra el Presidente de la República; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García. La citada Polevnsky, por su parte, ha centrado sus dardos en García, quien fue secretario de organización de Morena (en esa condición, afinado operador electoral) y ahora coordina a los servidores de la nación en todo el país. Dijo Yeidckol que cuando menos en cinco estados se está usando el padrón de asistencia social para fines partidistas en Morena y que posiblemente esas irregularidades han sido auspiciadas por Gabriel García.

Por lo pronto, Polevnsky y otro aspirante, Mario Delgado (ebrardista de origen, presuntamente apoyado por el políticamente jabonoso Ricardo Monreal), han aceptado la posibilidad de posponer el complicado proceso electoral partidista, para que se realice en 2020 (falta conocer la postura de la aspirante más apreciada para esta sucesión en Palacio Nacional, Bertha Luján). De aceptarse tal aplazamiento, en ese lapso tal vez podría acelerarse el trámite para modificar estatutos o hacer alguna estrategia que permita incorporar el método de las encuestas para decidir cargos directivos en Morena, como ha propuesto el jefe máximo de ese partido, aunque actualmente los citados estatutos internos no lo permiten.

El columnista de asuntos económicos y financieros Mario Maldonado dio a conocer ayer la existencia de dos comunicados oficiales que sirvieron, en el lapso de dos días, para prohibir el uso de recursos en las cuentas bancarias de Eduardo Medina-Mora y algunos de sus familiares y, luego, devolver tal capacidad de disponer de esas cuentas. Tal movimiento de ida y vuelta tuvo coincidencia con el lapso en que Medina-Mora renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cual si el congelamiento hubiese sido una presión que se deshizo en cuanto la renuncia del citado ministro se consumó.

En respuesta a las especulaciones que generaron los dos oficios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el titular de esa oficina, Santiago Nieto Castillo, hizo saber que ese congelar y descongelar cuentas es un procedimiento que se ha hecho en infinidad de asuntos (...) y de acuerdo con los tiempos de las investigaciones. Es importante precisar que el bloqueo de las cuentas bancarias del ex ministro se realizó DESPUÉS (mayúsculas escritas en el original) de su renuncia, por lo que lógicamente no pudo ser un mecanismo para que dimitiera.

Y, mientras el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, elude enzarzarse en discusiones con Felipe Calderón Hinojosa, ¡hasta el próximo lunes!

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