ajo la guía de la nueva Constitución proclamada el 10 de abril de este año, la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba eligió ayer a Miguel Díaz-Canel y Salvador Valdés Mesa como presidente y vicepresidente por un periodo de cinco años, prorrogable a un mandato adicional. Con este nombramiento, Cuba resucita el cargo de presidente desaparecido hace 43 años, durante los cuales el Ejecutivo recibía los títulos de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, además de ocupar el puesto de pri-mer secretario del Partido Comunista de Cuba, por lo que la nueva estructura se entiende como un reparto del poder que se había concentrado, acompañado de un parcial relevo generacional.
Aunque poco conocido fuera de la isla, el proceso de redacción, discusión y puesta en vigor de la nueva Carta Magna suscitó un intenso debate interno y movilizó a la ciudadanía en torno a lo que sociedad y dirigentes perciben como actualización de la institucionalidad cubana de cara a desafíos acaso mayores, pero indudablemente distintos a los que animaron el texto de 1976. Por ello, la elección del primer Gobierno surgido de la re-cién estrenada Constitución trasciende lo cosmético y supone una restructuración de los órganos del Estado dentro de la visión cubana de cambio ordenado con objetivos de largo plazo.
Parece claro que las transformaciones políticas referidas irán acompañadas de modificaciones a la política económica vigente, aunque hasta ahora resulta arriesgado vaticinar en qué dirección habrán de dirigirse y cuán lejos avanzarán en ella. A reserva de que el desarrollo de los acontecimientos disipe las incógnitas, es lógico esperar que la transición política facilite el camino hacia una transición económica que actualice las pautas para el desarrollo sin extraviar el sentido social, manteniendo los logros de la revolución, para lo cual será necesario dar con la fórmula que permita superar la rigidez y el burocratismo, al tiempo que se salvaguarda el tesoro más preciado del pueblo cubano: su soberanía.
Si se hace hincapié en la defensa de la autodeterminación es porque resulta imposible obviar que el proceso de cambio político en la isla tiene como telón de fondo el recrudecimiento de la ininterrumpida ofensiva estadunidense contra Cuba. La etapa más reciente de esta embestida fue puesta en marcha por Donald Trump como parte de su cruzada para desaparecer cualquier legado de su antecesor, Barack Obama, quien intentó normalizar las relaciones bilaterales, y exacerbar los ánimos de la ultraderecha de su país; así, Washington ha vuelto a aplicar las más brutales políticas de asfixia económica, las cuales pueden calificarse de criminales por sus devastadores efectos sobre la población cubana: bloqueo sistemático de la llegada de combustibles, prohibición a empresas de todo el mundo a sostener relaciones con entidades cubanas, restricciones a estadunidenses para viajar a la isla y al envío de remesas y prohibición de transacciones bancarias, entre otras.
Sin ese componente de agresión que ya se prolongó por seis décadas, los procesos de cambio que sin duda requiere Cuba podrían ponerse en marcha con una fluidez mayor, pero desde el triunfo de la revolución los cubanos se han visto obligados a pensar su institucionalidad en el contexto de una guerra, la cual de momento no es militar, pero sigue por las vías jurídica, propagandística, diplomática, política y, desde luego, económica. Este contexto puede someter los cambios a una lentitud exasperante, tanto para el observador externo como para la sociedad del país caribeño, pero hace muy significativos los esfuerzos por avanzar en sus propios términos y sin acatar dictados de nadie.
