En México existen leyes y protocolos suficientes para investigar todo tipo de delitos, pero las autoridades no los han aplicado de forma rigurosa, en gran medida por falta de voluntad política, señalaron los asistentes al foro internacional Fiscalías de derechos humanos. Buenas prácticas de América Latina para investigar violaciones de derechos humanos en México.

Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que la llegada de un nuevo gobierno puede abrir la esperanza de que se termine la impunidad, pero al mismo tiempo advirtió que para ello será necesario dotar de recursos suficientes a los órganos de procuración de justicia y depurar a su personal.

Dichas acciones son urgentes, afirmó, porque en la actualidad las fiscalías siguen investigando fenómenos criminales complejos de forma desarticulada y poco profesional, en vez de reunir los casos en un solo expediente y fomentar la cooperación entre diversos organismos parta resolverlos.

Lo anterior es especialmente grave en delitos de alto impacto como desapariciones forzadas y asesinatos, en donde deberían formarse equipos multidisciplinarios de investigación y litigio, además deunidades de análisis de contexto.

Sin embargo, aunque todo lo anterior ya se contempla en diversas leyes y ordenamientos, no se lleva a la práctica, en gran medida porque existe un grave problema de voluntad política en las autoridades.

Lucía Díaz Genao, directora del colectivo Solecito de Veracruz –el cual agrupa a familiares de personas desaparecidas–, indicó que los sistemas de procuración de justicia figuran entre los organismos gubernamentales donde existe un panorama de mayor desolación, pues los casos que se atienden y se judicializan llegan a ese punto de forma milagrosa.

Jesús Peña, representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resaltó que a pesar de los elevados índices de impunidad en el país, este es un fenómeno reversible, siempre y cuando se apliquen a fondo las herramientas del nuevo sistema penal acusatorio.

Para lograrlo, hace falta que el Estado mexicano combata las estructuras de macrocriminalidad, capacite al personal de sus organismos de procuración de justicia, se deshaga de funcionarios incapaces y reconozca a las víctimas como sujetos activos en las investigaciones, todo ello en un marco de transparencia y rendición de cuentas.