El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reveló a diputados de la Comisión de Hacienda, que el desfalco global de las empresas factureras al erario podría alcanzar 800 mil millones de pesos.

El miércoles pasado, de acuerdo con el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, el titular de la SHCP reiteró que a la fecha se han ubicado 2 mil 800 empresas dedicadas a lavar dinero a través de facturas falsas, cuyo desfalco al erario –en conjunto– alcanza 290 mil millones de pesos.

El secretario Herrera habría reconocido que la estrategia mediática ha incurrido en fallas de comunicación al no saber permear sus mensajes entre los ciudadanos.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, expuso que la minuta del Senado en materia de facturas falsas no perjudicará las transacciones que se encuentren debajo del umbral de 10 millones de impuestos.

Por otra parte, al continuar el parlamento abierto entre la Comisión de Hacienda y representantes de cámaras empresariales y especialistas en materia fiscal, los diputados desairaron el encuentro. Sólo tres se presentaron: la presidenta del grupo de trabajo, Patricia Terrazas; Reginaldo Sandoval, del PT, y Antonio Ortega. El resto se ausentó aun cuando esta modalidad de apertura del trabajo legislativo se ha ofrecido como la respuesta democrática a la elaboración de leyes.

Por American Chamber, Luis del Valle se dijo preocupado porque delitos fiscales se juzguen como crimen organizado. El narcotráfico es una empresa sui géneris, no un negocio instituido, sino células que aparecen y desaparecen, no como un pequeño o grande contribuyente establecido; por ello, no parece viable aplicar la misma norma.

En representación de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Industria y Servicios, Octavio de la Torre, respaldó el combate a la venta de facturas falsas y coincidió en que se considere como un acto de defraudación y que se estime como delincuencia; no obstante, indicó que será relevante distinguir al que vende del que compra dichas facturas. Adquirir ese tipo de documentos sí constituye un delito fiscal, pero no se equipará a un hecho de delincuencia organizada.

El presidente del Colegio de Con-tadores Públicos, Ubaldo Díaz, afirmó estar contra cualquier práctica indebida, pero consideró desproporcionadas las sanciones previstas, con cargas administrativas y altos costos que complicarán el proceso de análisis de las autoridades.