Con base en la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la primera quincena de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación que involucra a Eduardo Medina Mora, ministro y ex embajador de México en Estados Unidos y Gran Bretaña, en la posible realización de operaciones financieras consideradas irregulares (con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero) por 103 millones de pesos.

Funcionarios federales confirmaron que el organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo solicitó al Ministerio Público Federal investigar la presunta realización de transferencias ilícitas reportadas por autoridades financieras de Estados Unidos y Gran Bretaña.

El área de la FGR encargada de la indagatoria es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y es la misma que meses atrás llevó a cabo las indagatorias relacionadas con los sobornos entregados por Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, y las referidas a Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, vinculada a proceso por la presunta comisión de ejercicio indebido del servicio público, lo que ocasionó un daño patrimonial al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.

Reportes financieros

De acuerdo con la información obtenida de funcionarios federales, la indagatoria se concentra en 60 operaciones realizadas por Medina Mora y sus dependientes económicos, sin que se haya determinado si en realidad existieron irregularidades, ya que la información que envíen las sucursales de HSBC, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, debe ser confrontada con los reportes financieros que la defensa de Medina Mora deberá aportar para que se desestime cualquier comisión de actos ilícitos.

Presuntamente se transfirieron a las cuentas de Medina Mora cantidades que no corresponden a sus ingresos reportados de manera oficial, por lo que se considera que incurrió en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que no merece prisión preventiva oficiosa.

La FGR no ha emitido ningún citatorio para Medina Mora, quien presentó el jueves ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ahora corresponderá al Senado aceptar la dimisión y designar al sustituto.

La FGR ha solicitado información a Estados Unidos y Gran Bretaña para confirmar los datos aportados por la UIF, ya que los presuntos movimientos financieros irregulares involucrarían a familiares y personas cercanas a Medina Mora.

En junio pasado, el ex titular de la Procuraduría General de la República (de diciembre de 2006 a septiembre de 2007) difundió una carta en la cual rechazó haber recibido en sus cuentas traspasos o depósitos por más de 100 millones de pesos, y aseguró que esas cantidades son cuatro veces mayores que los ingresos que declaró durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017, cuando ya se desempeñaba como ministro de la Corte.

El funcionario acudió ayer a sus oficinas poco después de la una de la tarde y antes de las 10 de la mañana todos sus colaboradores en la ponencia (como se denomina al área que como ministro le apoya en las tareas de análisis y realización de proyectos de sentencia) retomaron sus labores cotidianas, luego de que la tarde del jueves todos se retiraron y había trascendido que muchos de ellos renunciarían.

Acción sorpresiva

Por otra parte, funcionarios del Poder Judicial de la Federación señalaron que Medina Mora no dio a conocer de manera anticipada su decisión de dimitir al cargo a los integrantes del pleno de la SCJN, por lo que la noticia de su renuncia tomó por sorpresa a todos los ministros. Presuntamente fue un abogado quien se encargó de entregar la carta de renuncia al consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Julio Scherer, así como a la presidencia de la Corte el documento que formalizó la renuncia del ex embajador.

El lunes el pleno reiniciará labores y, a decir de algunos integrantes, la ausencia permanente de uno de sus miembros ocasionará que no se alcancen los votos necesarios para determinar la inconstitucionalidad de alguna norma impugada.