yer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo pública la identidad de los contribuyentes que se vieron beneficiados con la condonación o cancelación de créditos fiscales entre el primero de enero de 2007 y el 4 de mayo de 2015; es decir, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la primera mitad del de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con las bases de datos entregadas por mandato judicial gracias al litigio entablado por Fundar Centro de Análisis, del billón 88 mil millones de pesos que dichas administraciones federales se abstuvieron de recaudar, 247 mil 600 millones corresponden a las condonaciones obtenidas por 7 mil 884 contribuyentes, mientras 814 mil 700 millones de pesos se debieron a 21 mil 708 cancelaciones.
A ello deben sumarse 273 mil millones de pesos (37 por ciento de todos los recursos que el Estado dejó de percibir), perdonados a 201 grandes contribuyentes que se encuentran amparados para que sus identidades permanezcan ocultas a la sociedad.
La revelación de los nombres de los beneficiarios y de los montos que les fueron perdonados
generó una lógica indignación ciudadana porque, como se sospechó durante todo este tiempo en que las autoridades tributarias se negaron a entregar una información de tan obvio interés público, entre ellos se encuentran multitud de personajes del ámbito político, empresas nacionales o extranjeras de indudable solvencia, así como deportistas afamados e integrantes de la industria del espectáculo.
Como se apresuraron a señalar el ex presidente Calderón y el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, al menos en apariencia nada de lo anterior constituye indicio alguno de conducta ilícita, pues los perdones fiscales respondieron a lo contemplado por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal y otras disposiciones. Si se acota que de momento la legalidad resulta aparente, es porque los datos revelados no permiten juzgar si los contribuyentes beneficiados efectivamente cumplieron con los (muy laxos) requisitos necesarios para acceder a las gracias referidas. Lo que se escapa al ex mandatario y al líder de la cúpula empresarial es que remarcar la legalidad de esta colosal sangría de recursos públicos puede eximir de culpas a los beneficiados, pero ante todo exhibe las faltas éticas de los legisladores y las autoridades que pusieron en marcha semejante mecanismo de reparto de beneficios a expensas de la nación, que, para colmo, favoreció a sus familiares, colaboradores y correligionarios. Si bien la ley poco o nada puede hacer contra los políticos que impulsaron y validaron tales disposiciones –en todo punto contrarias a su deber de velar por el interés público– cabe esperar que la ciudadanía cobre consciencia de lo que este desfalco institucionalizado significó en términos de inequidad y pérdida de oportunidades de desarrollo y que cierre el paso a cualquier intento de restaurar ese régimen de privilegios para unos pocos a costa de las mayorías.
