Nueva York. Donald Trump, su secretario de Estado, Mike Pompeo, y sus aliados siguen tratando de descalificar y entorpecer –incluso con mentiras obvias y acusaciones tan extremas que parecen cómicas– la investigación para el probable juicio político contra el presidente.

Lo más difícil y complicado para el régimen de Trump ahora es que la acusación al centro de este proceso de impeachment es sencilla: el presidente solicitó y presionó a un gobierno extranjero para interferir a su favor en las elecciones estadunidenses de 2020 (todo en una llamada telefónica entre él y su homólogo de Ucrania que se realizó el 25 de julio). Eso es ilegal. Punto.

La ley no sólo prohíbe toda interferencia o influencia externa en los procesos políticos estadunidenses, sino que es ilegal solicitar, aceptar o recibir cualquier cosa de valor de un extranjero en relación a una elección.

Por ello, el jefe de la Casa Blanca y sus colaboradores han buscado lanzar un contrataque acusando a los acusadores de lo mismo que se le acusa: de traicionar su juramento, de conspiraciones y de maniobras políticas ilícitas y corruptas. También emplean la vieja respuesta de matar al mensajero.

Trump continuó insistiendo en que desea conocer la identidad del aún denunciante anónimo –identificado hasta ahora por los medios sólo como un oficial de la CIA asignado por un tiempo a la Casa Blanca–, quien presentó la queja formal por conducto de los canales oficiales, lo que detonó el inicio de este proceso de impeachment hace una semana.

Trump tuiteó que el denunciante sólo tiene información de segunda mano y que todo lo que alega de su llamada con el presidente ucranio es erróneo, y expresó su deseo de entrevistar y aprender todo sobre el denunciante, así como la persona que le dio la información falsa.

Pero eso viola el anonimato que garantiza la ley de protección a whistleblowers, los denunciantes oficiales. Y aunque Trump insiste en que él, como todo estadunidense, tiene derecho a encarar a sus acusadores, de acuerdo con la ley eso se hace exclusivamente dentro de un tribunal judicial.

Aliados del presidente se sumaron a la táctica de matar al mensajero, pero llegaron a tal extremo que el veterano y poderoso senador republicano Charles Grassley, presidente del Comité Judicial, se vio obligado públicamente a defender al denunciante, subrayando lo que marca la ley y el hecho de que en este caso, actuó de manera correcta empleando los canales oficiales.

Mientras Trump y su gente continuaban amenazando con graves consecuencias, arresto y hasta insinuaciones de ejecución al denunciante, sus fuentes y a varios legisladores, Pompeo se atrevió a acusar a los demócratas de bullying en su investigación.

En respuesta a órdenes emitidas esta semana a personal del Departamento de Estado para ser entrevistados por tres comités de la Cámara de Representantes que están participando en la investigación para el impeachment, Pompeo denunció esto como una acto de intimidación y de bully a diplomáticos estadunidenses.

Los demócratas respondieron de inmediato advirtiendo que todo intento por intimidar y obstaculizar la cooperación de testigos con el Congreso “es ilegal y constituiría evidencia de obstrucción de la indagación de impeachment”.

Por su parte, Rudolph Giuliani, abogado y asesor personal de Trump, quien está implicado como el interlocutor del presidente con los ucranios y otros, contrató ayer a su propio abogado para enfrentar la investigación del Congreso.

Mientras casi todo el enfoque es sobre la llamada de Trump con el presidente Volodymir Zelensky, de Ucrania, en la cual Trump presionó a su contraparte a iniciar investigaciones contra el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, para dañarlo durante la contienda presidencial de 2020, otra llamada del magnate solicitando la colaboración de otro gobierno extranjero para beneficiar su campaña de reelección fue revelada el lunes. Ayer, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, confirmó que el jefe de la Casa Blanca le pidió ayuda en una investigación acerca de la pesquisa que hizo el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en la elecciones estadunidenses de 2016.

La diputada Maxine Waters, presidenta del comité de servicios financieros y feroz crítica del mandatario, denunció los ataques del presidente contra el denunciante tuiteando que “el impeachment no es suficiente para Trump. Debería ser encarcelado & puesto en confinamiento aislado”. Pero concluyó que “por ahora, el impeachment es imperativo”.

Por su parte, John Brennan, quien fue jefe de la CIA entre 2013 y 2017, emitó un tuit recientemente llamando a otros denunciantes: si piensas que estaba involucrado en actividades ilegales como resultado de una directiva de Trump o alguien haciendo tareas para él, ahora es el momento de reportarlo.