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Parte 1,826 (días): Ayotzinapa, cinco años
E

studiantes, normalistas, de Ayotzinapa, los más pobres de todo la nación, fueron atacados a mansalva por policías estatales y municipales, en presencia de miembros del Ejército y otras fuerzas federales.

El saldo fue de seis muertos: Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez (alumnos normalistas), David Josué García (futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo), Víctor Manuel Lugo (chofer del autobús de Los Avispones) y Blanca Montiel (pasajera de un taxi) y, al menos, 12 heridos: Fátima Viridiana Bahena (maestra), Alfredo Ramírez (maestro), Enrique Hernández (chofer de taxi), Norma Angélica Rendón (periodista), Hermenegildo Morales (agente del Ministerio Público), Francisco Medina, Luis Ángel Torreblanca, Félix Pérez, Carlos Adame, Pedro Rentería, Jorge León Sáenz y Facundo Serrano (integrantes de Los Avispones).

Hay 43 estudiantes normalistas desa-parecidos: Bernardo Flores Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraján de la Cruz, Abelardo Vázquez Periten, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez García, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa.

Fue un crimen de Estado. Así lo demostraron las variadas acciones de las fuerzas del orden público, de nivel municipal y estatal en el ataque; la responsabilidad directa del gobierno municipal y del gobernador del estado de Guerrero, por acción u omisión; así como la inacción de diversas instancias del propio gobierno federal, que estaban enteradas de los acontecimientos. También la complicidad de las policías locales, federales y el Ejercito, con grupos criminales durante los ataques, el secuestro y la desaparición de los estudiantes. Finalmente, la construcción, desde el gobierno federal, de un tejido de complicidad, encubrimiento y protección a funcionarios, cuerpos de seguridad e instituciones de nivel municipal, estatal y federal. Todo esto ha sido demostrado por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Ayotzinapa.

Por el contrario, las procuradurías, estatal, en un primer momento, y la General de la República, hasta su disolución, por incapacidad y con intención deliberada, entorpecieron las investigaciones, destruyeron pruebas, torturaron testigos y presentaron como verdad un conjunto de explicaciones inverosímiles e insostenibles con hechos y pruebas. A esto le llamaron verdad histórica.

1º de julio, 2018, México.

Votantes en todo el país, mujeres y hombres, emitimos más de 30 millones de votos por el cambio. Una muestra impresionante de vocación por la democracia, por la verdad, por la paz y por la presentación de los desaparecidos, entre otras aspiraciones del pueblo mexicano. Los resultados de la votación han generado grandes esperanzas.

26 de septiembre, 2019, México.

Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, Guerrero.

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.

La verdad histórica pende aún sobre la sociedad mexicana como un lastre. La podredumbre y violencia de las investigaciones, con las que se pretendió construir esa versión gubernamental, ha dado argumentos a algunos jueces para liberar a criminales y policías involucrados en los hechos de violencia de Iguala.

Las expectativas por encontrar a los desaparecidos, por conocer la verdadera verdad de los hechos y por el castigo de los culpables directos, de los encubridores y de quienes falsearon las investigaciones, sigue creciendo día con día. La base para cualquier investigación está dada por el informe del GIEI.

Mientras tanto, la herida todavía está abierta…