l Senado de la República aprobó ayer las leyes secundarias de la reforma educativa, con lo cual ya sólo falta la sanción del Ejecutivo para que se consume la derogación de los cambios constitucionales en la materia legislados en 2012, y promulgados en febrero y septiembre de 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto. De dichas normas –la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la de Mejora Continua de la Educación–, la tercera es la que tiene mayor resonancia mediática y social, pues termina con la evaluación punitiva que el magisterio siempre denunció como una medida de precarización laboral y control político.
Resulta inevitable celebrar el final de una reforma que fue monumento a la corrupción, la arbitrariedad, la represión violenta de la disidencia y la cerrazón institucional. En primer lugar, debe recordarse que la denominada reforma educativa impulsada en el contexto del Pacto por México era deliberadamente engañosa, pues su contenido nada tenía que ver con aspectos pedagógicos, sino que formaba la parte central de una embestida contra las conquistas laborales del magisterio. A su vez, este designio hostil provocó una confrontación entre los docentes y el Estado que marcó todo el sexenio de Peña Nieto, dividió de manera grave a la nación y alcanzó tintes trágicos el domingo 19 de junio de 2016, cuando elementos de las policías estatal y Federal asesinaron a ocho pobladores de la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán que respaldaban un bloqueo carretero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). También fueron víctimas mortales de la represión los profesores David Gemayel Ruiz, arrollado por un camión de policía el 8 de diciembre de 2015, y Claudio Castillo Peña, profesor jubilado que falleció en febrero del mismo año tras recibir una golpiza por parte de policías federales.
Además de estos extremos de violencia, el empecinamiento en imponer la reforma antimagisterial se caracterizó por un grave desaseo en el uso del poder público, en el curso del cual se judicializó la represión, se fabricaron delitos absurdos contra los líderes de los docentes y se emprendió un linchamiento mediático para estigmatizar a los maestros disidentes en tanto enemigos públicos y únicos responsables de todos los problemas que padece la educación en la nación. Esta satanización supuso un pasmoso derroche de los recursos públicos: en sólo tres años, el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, empleó más de 3 mil 600 millones de pesos en la campaña publicitaria contra los docentes, con un delirante pico de mil 893 millones de pesos durante 2017 (5 millones por día).
Otras razones que hacían impostergable la derogación de dicha reforma residen en su inocultable alineamiento con intereses privatizadores, cuya cabeza más visible es el organismo paraempresarial Mexicanos Primero, así como el espíritu corrupto que la vertebraba, reflejado en la creación o fortalecimiento de una serie de instancias burocráticas cuya única función real fue el reparto de cargos con sueldos principescos entre allegados al poder.
Por último, es pertinente recordar que en este espacio siempre se abogó por que en el diseño de la política educativa se tomara en cuenta a todos los sectores del magisterio (algo que debería resultar de lógica elemental, pues son ellos los encargados de aplicar cualquier plan en la materia) y se hicieron continuos llamados a deponer la persecución en favor de una resolución del conflicto mediante el diálogo.
Resuelta la pugna entre el magisterio y la Federación, y sin ignorar que persisten diversos conflictos regionales que deben ser abordados, el gran pendiente es aprovechar este clima de entendimiento con la finalidad de sacar adelante lo que la reforma fallida nunca pudo ni se propuso hacer: la construcción de un modelo educativo nacional para el siglo XXI. Esta tarea, sin duda ardua y vasta, no atañe únicamente al gobierno, sino al conjunto de la sociedad, con preminencia de todas las vertientes del magisterio, los alumnos y los padres y madres de familia.
