La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) presentará a la Cámara de Diputados una propuesta de ampliar en al menos 7 mil millones de pesos el presupuesto destinado a las universidades públicas para el próximo año.

Los recursos estarían destinados no sólo al subsidio ordinario para la operación de las universidades, sino también a varios fondos extraordinarios, incluido uno que permitirá avanzar en la gratuidad de la educación superior, tal como se aprobó en la reciente reforma constitucional del artículo tercero. Sin embargo, dicho fondo aparece sin recursos en el Proyecto de Egresos de la Federación 2020, enviado por el Ejecutivo federal.

En la reunión, ya concertada con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de la Anuies entregará la propuesta, junto con un análisis de la difícil situación financiera que enfrentan –algunas más que otras– las instituciones públicas de educación superior, con un presupuesto insuficiente que han recibido en años recientes.

La propuesta advierte que este monto de 7 mil millones de pesos no son todos los requerimientos que tienen las universidades, pero que la cantidad es posible de lograr y de esa forma revertir la disminución presupuestal, que de aprobarse, tal como lo envió el Ejecutivo federal, la educación superior en el país acumularía una reducción de unos 45 mil millones de pesos de 2015 a 2020. Esta cifra es resultado de sumar el impacto real de la inflación en el presupuesto y los recurrentes recortes que se han dado partir de 2015.

Al comentar el análisis presupuestal realizado por la Anuies, tanto del propuesto para 2020 como del histórico desde 2001, José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de dicha asociación, destacó que el proyecto representa reducciones riesgosas para el conjunto de las instituciones; además, hay partidas presupuestales que desaparecieron, como los fondos destinados a la ampliación de la cobertura y el apoyo a las reformas estructurales que realizan esas casas de estudio, relacionados con el tema de las pensiones y atención de los déficits financieros que presentan.

Cuando se presenta el tema de ampliar la cobertura, la omisión del fondo frena toda posibilidad de que la obligatoriedad sea una realidad y no quede como deseo expresado en la Constitución. Preocupa que no aparezca en la estructura del proyecto de presupuesto este fondo, dijo el funcionario.

De seguir con la actual tendencia de disminución, la crisis financiera y presupuestal que viven hoy nueve universidades estatales, terminará por alcanzar a un mayor número de instituciones, aseguró.