Los defensores de los derechos de migrantes en México, Estados Unidos y Centroamérica han sido víctimas de violaciones a sus garantías, lo que se ha incrementado a partir de la firma de los acuerdos del gobierno de Donald Trump con sus similares de la región.

Ayer se presentó el informe Defensores sin muros: personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos, elaborado por el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Front Line Defenders (FLD) y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, en el que se documentan varios casos de activistas agredidos, criminalizados, perseguidos, amenazados, intimidados, detenidos y desaparecidos por su labor en los países de la región.

Aunado a ello, censuraron las palabras que en su contra lanzó ayer el presidente de Estados Unidos desde la tribuna de las Naciones Unidas, al asegurar que propugnan una política de puertas abiertas alentando a las redes de trata de personas. Por ello, demandaron a la cancillería mexicana dirigir al gobierno estadunidense una carta de extrañamiento.

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, indicó que en los últimos dos meses se ha denunciado la desaparición de tres activistas promigrantes en el noroeste de México.

El reporte enlista 69 casos con diferentes tipos de agresiones contra defensores, albergues o casas de asistencia a los indocumentados en México, Estados Unidos y Centroamérica.

Durante la conferencia se informó que un caso reciente es el albergue de la Sagrada Familia, de Apizaco, Tlaxcala, que el día 11 fue incendiado por desconocidos, sin que hasta ahora haya respuesta de las autoridades. El informe asienta que desde octubre de 2018, con el surgimiento de las caravanas, se comenzó a implementar una narrativa de criminalización contra ellos y quienes los apoyan.