Monterrey, NL., Con 38 votos a favor y tres abstenciones, el Congreso local aprobó este lunes en el pleno sancionar de forma directa al gobernador independiente Jaime Rodríguez por el uso de funcionarios estatales durante su campaña presidencial en 2018. El acuerdo también prevé sancionar al secretario de Gobierno, Manuel González, quien fungió como mandatario interino mientras Rodríguez estuvo en campaña.

Las legisladoras que se abstuvieron fueron Claudia Tapia (del partido Morena) e Ivonne Bustos (Partido Verde Ecologista de México), lo mismo que la diputada Mariela Saldívar (Movimiento Ciudadano), por ser promotora de la denuncia.

Previamente, la sanción directa fue aprobada en la comisión legislativa anticorrupción, descartando así iniciar un juicio político contra El Bronco.

Según las reglas procesales, Rodríguez y González tienen derecho a una audiencia para presentar pruebas y, tras agotar esa fase, se determinarán las sanciones que se impondrán de manera individual y de acuerdo con la gravedad de la irregularidad en que haya incurrido cada uno de los funcionarios.

El castigo podrá ser desde un apercibimiento hasta la destitución e inhabilitación.

Claudia Tapia advirtió que este procedimiento podría generar inconformidades, lo que retrasaría más la sanción. Por su parte, las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional aseguraron que preferían un juicio político, pero también votaron a favor de la propuesta que presentó Mariela Saldívar. Mientras, el diputado Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano, aseguró que se eligió la vía correcta.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emplazó a la legislatura a que a más tardar el próximo 20 de diciembre sancione a Rodríguez y a González por el desvío de recursos para la candidatura presidencial de El Bronco.

El procedimiento se debe a que se comprobó que en 2018, cuando el mandatario buscó llegar a la Presidencia de la República, se usaron recursos públicos para recoger firmas con las cuales avalar su candidatura independiente, lo que implicó a funcionarios y recursos del estado.

Por lo pronto, el secretario de Gobierno ha solicitado tres amparos contra procedimientos que el Congreso estatal pudiera iniciar en su contra, pero han sido rechazados por un juzgado de distrito.