La indemnización por violencia feminicida y los recursos para cumplir con las acciones establecidas son dos aspectos adicionales que traerá la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), que muy posiblemente se decrete y la Ciudad de México no tendrá de otra más que aceptarla, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Nashieli Ramírez.

Este jueves se dará a conocer el informe de la CDH sobre violencia de género, con base en las quejas recibidas de 2012 a 2018, donde en tres de cada 10 expedientes de feminicidio, por ejemplo, hubo filtración de información, a fin de mejorar dicha alerta.

Además, se plantea a la Procuraduría General de Justicia capitalina aplicar sanciones ejemplares a quienes incurrieron en esta práctica, que va en contra de la propia indagatoria y hasta de la propia autoridad y su investigación, añadió.

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Appleseed México, mediante el cual se proporcionarán servicios jurídicos Pro Bono a víctimas y organizaciones sociales cuyos derechos fueron vulnerados, reconoció que la emisión de la AVGM no es suficiente.

Las alertas son a corto plazo y requieren políticas integrales a largo plazo, pero al quedar firme el amparo que se ha interpuesto en esta materia el día 30, la autoridad federal tiene 10 días para decretarla en la ciudad, y ésta no tendrá de otra más que aceptarla, señaló.

Hoy, dijo, se tiene un mecanismo que no ha dado los resultados deseados y es una buena oportunidad para revisarlo, cuando el 16 de noviembre se cumplen 10 años de la sentencia del campo algodonero, en Ciudad Juárez, que llevó a las alertas y la parte normativa.

Creemos que es un buen momento para volvernos a sentar a pensar por dónde y cómo mejoramos. Nada está de más y el informe busca abonar a partir de las quejas recibidas a mejorar la alerta y la atención integral referida a violencia de género”, destacó.

La alerta, consideró, debe incorporar la violencia cibernética a la que están expuestas las nuevas generaciones y trabajar en normas y protocolos, pues tenemos leyes sólidas, mucho marco normativo, pero el gran pendiente es aplicarlos.