El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó la puesta en libertad de 24 policías supuestamente involucrados en el caso Ayotzinapa, y enfatizó que en la recomendación 15VG/2018 –aún no llevada a la práctica– hay elementos que pueden retomarse para fortalecer la investigación en contra de otros acusados por la desaparición de los 43 normalistas.

Yo vuelvo a insistir en que se asomen a la recomendación. Más allá de que algunas de las evidencias que señala pudieron estar con algunos vicios, hay otras importantísimas que hubiesen fortalecido (la indagatoria sobre el tema) para que no se vaya a generar impunidad con la liberación de personas que habrían tenido algún rol en el ataque contra los estudiantes, dijo el ombudsman nacional.

Al término de su participación en el foro Origen y evolución de las instituciones nacionales de derechos humanos. El caso de España y México, González Pérez señaló que aunque los actos de tortura que se habrían cometido en contra de diversos acusados por el caso Iguala son reprobables, tampoco deben invalidar otros testimonios que pueden resultar muy valiosos para esclarecer lo ocurrido.

En la recomendación se puede encontrar elementos para que en los subsecuentes procesos, en los que haya en los que se vaya a iniciar contra personas que hayan participado, puedan hallar elementos que fortalezcan las acusaciones y también en los de aquellas que han sido liberadas se analicen esos elementos para que, en su caso, se puedan reiniciar nuevamente sin afectar los derechos humanos de nadie, recalcó.

Entre las declaraciones que deberían recuperarse para fortalecer la indagatoria, puntualizó, están las de los hermanos Bernabé y Cruz Sotelo Salinas, las cuales no están tachadas por tortura. Ahí hay testimonios que involucraron a parte de los participantes que hoy lamentablemente están libres.

En ese contexto, llamó nuevamente a estudiar un conjunto de 114 restos óseos que fueron encontrados en el basurero de Cocula –de un total de 63 mil– para determinar si pertenecen a los normalistas desaparecidos hace casi cinco años.