En México, las personas con discapacidad son segregadas y abusadas, sufren violencia y son discriminadas en el trabajo, la escuela y sus familias; no pueden ejercer el derecho a la capacidad jurídica y carecen de acceso a la justicia.

Además, por su condición, son detenidas en instituciones altamente peligrosas.

Aunque las cifras oficiales suman 26 mil niños y adolescentes ingresados en estos centros, podrían ser 140 mil, en los cuales pueden permanecer de por vida; enfrentan riesgo de muerte, tortura, aislamiento, sujeciones físicas, abuso sexual y físico, así como esterilizaciones forzadas, según un informe alterno elaborado por diversas organizaciones enviado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el país, de acuerdo con los datos de la Encuesta nacional de la dinámica demográfica (Enadid) 2014, alrededor de 7.1 millones de personas tienen alguna discapacidad; de ellas, 3.8 millones son mujeres.

En el documento, que se presenta en el contexto de la presesión 12, que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre, se destaca que los niños con discapacidad cada vez más son detenidos en instituciones pequeñas, lo que trae consigo que crezcan sin oportunidad de establecer vínculos familiares permanentes.

Disability Rights International (DRI), una de las organizaciones participantes, señala que ha encontrado que las instituciones en México tienen condiciones peligrosamente antihigiénicas y degradantes, así como que no poseen estándares adecuados en la administración de tratamientos, además de que existe negligencia severa, pues se usan jaulas y sujeciones prolongadas, entre otros.

Cita como ejemplos Casa Esperanza, ubicada en la Ciudad de México, y Casa Gabriel, en Ensenada, Baja California.

Ambas son instituciones privadas y detenían a niños, adolescentes y adultos con discapacidad, algunos de los cuales fueron enviados por las autoridades gubernamentales, y en ellas se documentaron casos de este tipo.

Por otra parte, en el Instituto de Siquiatría del Estado de Baja California, DRI encontró cinco cuartos de aislamiento para hombres y cinco para mujeres.

Aunque el director de ese sitio explicó que las personas pueden entrar y salir, la organización observó que estaban encerrados con llave y quienes ocupaban esos espacios tenían que pedir autorización para salir.

En tanto, las organizaciones Colectivo Chuhcán, Equis Justicia para las Mujeres, Grupo de Información en Reproducción Elegida, Tranversal, Acción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Red Nacional por los Derechos de la Infancia refirieren que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 estima que hay alrededor de 157 mil adolescentes entre 12 y 17 años con discapacidad, de los cuales, 48.1 por ciento afirma que fueron discriminados en al menos una ocasión.

Destacaron que aunque no se tienen datos oficiales sobre el tipo de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, la convención reconoce que esta población suele estar expuesta a un riesgo mayor.