La liberación de los 24 policías involucrados en el caso Ayotzinapa es un duro golpe para las familias de los jóvenes desaparecidos de manera forzada, pues se llevan información relevante que podría conducir al paradero de los muchachos.

Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los normalistas, enfatizó que fueron precisamente los policías municipales quienes los detuvieron, desaparecieron y entregaron a integrantes del crimen organizado.

Varias personas que tuvieron participación en los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre (de 2014) están obteniendo su libertad y eso es de suma preocupación para las familias. Los policías son pieza clave, ellos tuvieron una participación efectiva y saben el paradero de los 43. Su liberación es un paso más hacia la impunidad y se pierde información que podría ser relevante, aseveró.

Investigación irregular

Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias, aseveró que si bien la liberación de varios implicados en días recientes es responsabilidad de la pasada administración en la Procuraduría General de la República (PGR) por las ilegales e irregulares indagatorias que se desarrollaron, también es de la actual Fiscalía General de la República (FGR) que no ha movido un solo dedo para reponer los procedimientos y acreditar la responsabilidad de los acusados con nuevas pruebas.

Las liberaciones son “resultado de una investigación irregular e ilegal en la que se usó la tortura, detenciones arbitrarias, maltratos, una defensa inadecuada, todo con el fin de que la PGR construyera una ‘verdad’ del caso. Todas esas irregularidades fueron documentadas por los expertos independientes y por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Remarcó que el primer tribunal colegiado de distrito con sede en Tamaulipas resolvió en mayo de 2018 que se había dado la tortura y ordenó reponer el procedimiento contra los implicados, no considerar las pruebas obtenidas de forma irregular y crear una comisión extraordinaria de investigación.

Esto ocurrió el año pasado, y la PGR atacó el fallo, pero únicamente en la parte de la creación del mecanismo extraordinario de investigación; pero nunca se preocupó por la ilegalidad de su indagatoria o por reponer los procedimientos, ampliar las pruebas, rencauzar las líneas de investigación. Esa es responsabilidad de la administración anterior.