La resolución del juez que ordenó liberar inmediatamente a 24 de los inculpados en el caso Ayotzinapa, revela la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país, que huele a podrido, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Al fijar la postura gubernamental respecto a dicha resolución, señaló que ésta también representa una afrenta a las víctimas, a los padres de familia y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, insistió, para señalar que es el momento de hacer cambios profundos al sistema de justicia.

Además, comentó que la Fiscalía General de la República les ha anunciado que presentará recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus obligaciones, entre los cuales están el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal.

Sobre la resolución del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dijo que ésta se dio a la vieja práctica del sabadazo y en días de puente.

Estos casos se suman a las 53 liberaciones anteriores, para un total de 77 de las 142 personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014; quedan 65 personas en prisión por este caso.

En este sentido, el subsecretario Encinas expresó que de mantenerse esta tendencia, en los próximos días o semanas podrían darse otras liberaciones. Afirmó que en política no hay coincidencias, por lo que esta resolución tiene una evidente intención política, pues está próximo el quinto aniversario de esos lamentables hechos.

En conferencia, consideró que la decisión del juez también sienta un grave precedente, pues se otorgan beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, y privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a acceder a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

Explicó que el juez Ventura Ramos interpretó con mucha laxitud la ley y actuó de manera contradictoria, pues mientras avala que hubo tortura para los inculpados, no finca responsabilidades en contra de los presuntos torturadores, dejando también en la impunidad a los funcionarios que la cometieron.