ara nadie es un secreto que la evasión fiscal en México provoca un enorme agujero en las finanzas públicas y las estimaciones de organismos nacionales e internacionales y de centros de estudios apuntan a que tal cáncer suma alrededor de 500 mil millones de pesos anuales. Y, creativos que son, los evasores han ideado una serie de mecanismos para fortalecer el esquema, y en este sentido destacan los ahora conocidos como factureros.

De allí la relevancia del paso dado por uno de los cuerpos del Legislativo (martes pasado): el Senado aprobó la reforma que endurece las sanciones contra la defraudación fiscal mediante empresas fantasmas y facturas falsas, ilícitos considerados partes de la delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa y penas de hasta nueve años de cárcel cuando los montos evadidos a la hacienda pública sean superiores a 8 millones de pesos. Cuando el valor de los comprobantes que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no rebase esa suma, el proceso penal se podrá llevar en libertad, con lo que se protege a los pequeños contribuyentes ( La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

El debate en el Senado se prolongó por más de seis horas, y la reforma fue aprobada en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, éstos de priístas y panistas que advirtieron que es un exceso calificar a todos los contribuyentes de delincuentes y a los empresarios de narcotraficantes, algo que sólo existe en la calenturienta mente de los prianistas.

Pero bueno, el hecho es que las factureras son como la humedad y creciente el daño por ellas provocado al erario. No puede dejarse a un lado la denuncia que tres meses atrás hiciera la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat: entre 2014 y 2018 el número factureras creció 31 por ciento. Se trata de un mecanismo de defraudación mediante el cual se colocan en el mercado comprobantes fiscales auténticos sobre conceptos no ejercidos o montos menores y tiene implicaciones agresivas para el fisco; para el caso del IVA implica que se generen saldos a favor que se compensan contra el mismo impuesto (que no ingresa) o, peor, que se pida la devolución de un IVA inexistente. ¿Por qué se finge pagar, o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió es por evasión fiscal, y cuando sí lo hay es por evasión fiscal y lavado de dinero.

La funcionaria detalló que en dicho periodo se detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras que emitían documentos originales para amparar operaciones simuladas y evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos, esquema que en ese lapso permitió la evasión fiscal de 354 mil millones de pesos. Pero dicen que en el gobierno de Peña Nieto nadie se dio cuenta de esa práctica.

En este espacio se comentó: ¿qué podría comprar el gobierno federal o a qué equivalen 354 mil millones de pesos? Por ejemplo, tres refinerías nuevas, como la planeada en Dos Bocas; tres aeropuertos como el proyectado en Santa Lucía; un aumento de 6 por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019; 18 por ciento más al de educación; 2 mil 700 por ciento al de cultura; 14 veces más al de Conacyt; 11.4 veces más al de medio ambiente y recursos naturales, y, en fin, tres veces más al de salud. Un dineral, pues, que no ingresa a las arcas federales.

De hecho, en la sesión del pasado martes el propio presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, subrayó que con un billón 600 mil millones de pesos defraudados al fisco por las empresas fantasmas se habrían construido 221 hospitales. ¿No es ello un delito contra la seguridad nacional? (ídem).

El balón pasa a la cancha de San Lázaro.

Las rebanadas del pastel

Como diría el clásico, a los opositores no hay chile que les embone (Peña dixit). Si no le inyectan dinero a Pemex, malo; si lo hacen, malo. Lo cierto es que el gobierno federal está decidido a reflotar a la empresa.

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