a dura realidad criminal de todo el país ha llevado al presidente López Obrador a un terreno sabido, previsible: la autorización para que las fuerzas armadas hagan uso de la fuerza ante ataques que les pongan en riesgo. Ha de ser, instruyó el mandatario de origen tabasqueño, un uso moderado de la fuerza, proporcional a las circunstancias, respetuoso de los derechos humanos y alejado de las tentaciones de masacrar, ejecutar, ultimar (claro: lo difícil será dilucidar el grado de riesgo que perciban los militares y el nivel de fuerza que aplicarán).

El giro obradorista se produjo a unas horas de que en la comunidad de Apango, en el municipio poblano de Acajete, Puebla, soldados hicieron disparos al aire como una medida disuasiva ante una turba en actitud hostil, que ponía en peligro la vida y la integridad de los elementos castrenses. Este hostigamiento y ataque de civiles a militares es parte de una serie de sucesos en que los uniformados han cumplido con resignación las órdenes de no responder a los agresores, que las autoridades suponen movidos por grupos del crimen organizado.

Abrir la siempre peligrosa llave del uso de la fuerza militar fue precedido de declaraciones polémicas del Presidente de la República, quien ha conminado a los criminales a que se porten bien y a que piensen en sus mamacitas. Además, en un giro lingüístico poco adecuado para la investidura presidencial, ha tratado de estigmatizar el ejercicio delictivo con interjecciones coloquiales como fuchi y guácala.

Con esas y otras expresiones similares, AMLO parecería un padre bondadoso que busca llevar a sus hijos a un entendimiento por las buenas, aunque llegado el momento ha de estar dispuesto a ir más allá de un hipotético chanclazo maternal y autorizar medidas coercitivas mayores.

La autorización para el moderado uso de la fuerza se topará con la evidente predisposición beligerante de los poderosos cárteles criminales y con provocaciones, por parte de la base social de esos grupos, que en caso de desembocar en acciones sangrientas por parte de soldados habrán de ser utilizadas con magnificación mediática para campañas de descalificación de ese obradorismo entrampado en materia de seguridad pública.

En otro tema: es probable que sea la imagen más simbólica del lapso que lleva AMLO como mandatario de México. Un presidente, ha de decirse, que cada día produce material gráfico interesante, ajeno a las frialdades y protocolos de sus antecesores, el más mediático de los usuarios de la silla presidencial.

Los murales de Diego Rivera aportaron una vivacidad fundamental, el estallido cromático. Ahí se plantaron (ellos tantas veces en plantón, fuera de recintos oficiales, no se diga el presidencial) los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014. Con ellos, el actual Presidente de la República, quien inclusive acompañó el pase de lista, del uno al 43, que es la infaltable consigna de lucha. Ya antes habían estado esos familiares y activistas frente a un presidente de la República. Era Enrique Peña Nieto a finales de octubre de 2014: esquivo, distante, con inocultable aire de culpabilidad o complicidad.

La imagen registrada en Palacio Nacional, sin embargo, necesita mucho más que mil palabras para convertirse en un hecho político memorable, con consecuencias judiciales específicas. Los familiares de los 43 se quejaron de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, acusándolas de obstruir el proceso que busca verdad y justicia. El presidente López Obrador se comprometió a ayudar a la fluidez de trámites. El subsecretario de Gobernación encargado del caso, Alejandro Encinas, incluso informó que habría indicios de que los normalistas podrían estar en Guerrero, sin especificar si se refería a restos mortales o personas vivas. La toma (gráfica) de Palacio Nacional no será suficiente si sólo queda en fotografía o video de colores esperanzadores. ¡Hasta mañana!

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