l pleno de la Cámara de Senadores aprobó con votos de Morena, PVEM, PT y PES –y en contra de PAN, PRI, MC y PRD–, un paquete de reformas para tipificar la defraudación fiscal como delito cometido por el crimen organizado, maximizarla al rango de amenaza a la seguridad nacional y aplicar prisión preventiva oficiosa a los evasores fiscales. El nuevo marco jurídico dispone sanciones de cinco a ocho años de cárcel para quien compre una factura falsa, y dar protección a personas que ayuden en la investigación (testigos protegidos). Sin embargo, el senador Ricardo Monreal descafeinó el esquema. Propuso que a quienes expidan facturas falsas hasta por 8 millones de pesos no aplicará la prisión preventiva oficiosa ni serán tratados como delincuentes o culpables de crimen organizado, por lo tanto no irán a prisión. En ese grupo caben millares de evasores, es un agujero grande. Ya los litigantes, los amparos y los jueces se encrargarán de que ningun evasor, aunque el fraude sea mayor a 8 millones, pise la cárcel. La reforma quedó al gusto de algunos grupos empresariales y aun así la Coparmex lamentó su severidad.

Revive el pulpo

Qué precio tan alto pagarán los habitantes de la ciudad de México por el entendimiento al que ha llegado el pulpo inmobiliario con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Seguirán la contaminación y los días sin circular por la mala calidad del aire provocadas por la sobrepoblación. Mediante presiones en el sentido de que la detención de proyectos inmobiarios estaba causando daño a la economía y al empleo, aparentemente el pulpo ya volvió a sentarse en el timón de mando. Los resultados están a la vista. Vecinos de Bosques de las Lomas, una de las zonas con mayor valor inmobiliario de la Ciudad de México, solicitaron a las autoridades locales detener el proyecto Torre la Colina 278, de 40 pisos, cuya construcción continúa a pesar de que existen tres suspensiones judiciales, dicen. La autorización de la manifestación de construcción del proyecto fue otorgada durante la pasada administración de Cuajimalpa. Nuestro llamado a las autoridades es a efecto de que se actúe contra la corrupción dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, y en especial en contra de todos los peritos que han participado en este escandaloso y deshonesto acto, añadieron. La obra cuenta con tres suspensiones judiciales que ordenan detener los trabajos de construcción al gobierno de Cuajimalpa y al grupo desarrollador de los empresarios Ely Cohen Stevan, Rafael Marcos Shabot, Nathan Marcos Tuachi y José Cohen Romano.

El impuesto gigoló

Hice un comentario recientemente sobre una iniciativa presentada por el diputado Temístocles Villanueva, de Morena, para gravar el sexoservicio en la capital del país. En su cuenta de Twitter escribió esta precisión: Sé que el análisis del paquete fiscal nos puso a hablar de impuestos a todos. Mi iniciativa no crea un impuesto, lo que busca es reconocer el trabajo sexual como #TrabajoNoAsalariado y dotar de derechos, como lo es la identidad formal a través de una licencia. Incluso la iniciativa prohibiría que a las personas trabajadoras sexuales se les cobre cualquier tipo de pago por el uso del espacio público, incluidas las autoridades, escribió el diputado Villanueva. Con tal de que las licencias sean gratuitas, porque si tienen que comprarlas sería una forma de gravamen.

Ombudsman social

Asunto: Spei

Tengo un cliente que me hizo un Spei el 28 de agosto y hasta la fecha no se ve reflejado ni abonado en mi cuenta de Banco Inbursa. El banco de mi cliente es Santander. A él ya se lo descontaron desde esa fecha, incluso el BdeM ya da la transacción por ejecutada, pero yo no tengo el dinero en mi cuenta. ¿Qué procede o qué puedo hacer? Mi cliente ya solicitó aclaración en Santander, pero no nos dan respuesta.

Raciel Gómez Santana / Estado de México

R: Han estado fallando mucho las redes de los bancos recientemente. Vamos a insistir, no puedes perder ese dinero.

Twiteratti

Panistas y priístas se transformaron en parte de la delincuencia organizada, delincuentes de cuello blanco que avalaban doble o triple facturación para lavar dinero y evadir impuestos.

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