os familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 se reunieron ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador para darle a conocer sus inquietudes y exigencias con respecto a la búsqueda de los estudiantes. Como anunciaron la víspera, los padres y madres expresaron sus quejas porque el resto del Estado mexicano no parece acompañar el compromiso de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y de su titular, el subsecretario de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas. En particular, enfatizaron su enojo y preocupación por el descuido de la Fiscalía General de la República (FGR), cuya labor habría permitido la excarcelación de presuntos responsables, como sucedió el sábado 31 de agosto con Gildardo López Astudillo, El Gil.

Tras la reunión, los familiares de los jóvenes y los activistas que les han brindado acompañamiento dieron a conocer los compromisos que habría asumido el Presidente; entre ellos, la gestión de un encuentro con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a fin de que la dependencia a su cargo agilice las indagatorias; el ofrecimiento de dialogar con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, para solicitarle que el Ejército entregue la información con la que cuente, así como la celebración de reuniones bimestrales para revisar los avances.

Cuando están por cumplirse cinco años de la desaparición de los jóvenes y nueve meses de la actual administración federal, existe un notorio y reconocido cambio de actitud en el tratamiento del caso con respecto a la indolencia y el desaseo que exhibieron las autoridades del gobierno anterior. No obstante, este cambio y la voluntad igualmente reconocida de dar con el paradero de los estudiantes parecen obstaculizadas por dos debilidades institucionales.

La primera de ellas, como señaló el propio entorno familiar de los normalistas, se origina en la impresentable actuación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y de sus sucesivos titulares durante el sexenio peñista, los cuales dieron siempre la impresión de actuar movidos no por el propósito de esclarecer el caso, sino por el de encubrir a los responsables materiales e intelectuales, hasta el grado de sostener como verdad histórica una versión cuya irrealidad ha sido probada por las investigaciones independientes.

La actuación de la PGR condenó todo el caso a sostenerse sobre unas bases endebles y sumamente cuestionables, y en cierta manera pareciera haber heredado sus falencias a su sucesora, la FGR: aunque no existe ningún indicio que permita sospechar una intención encubridora en Gertz Manero y su equipo, lo cierto es que esta instancia autónoma tampoco ha mostrado un empeño creíble en acompañar los esfuerzos por la verdad y la justicia. En este sentido, debe recordarse que la fiscalía nacional tiene una doble encomienda consistente, por una parte, en esclarecer el destino de los estudiantes y, por otra, en investigar y eventualmente sancionar los delitos cometidos por los funcionarios de la antigua PGR en su cuestionable manejo de las indagatorias.

La segunda debilidad institucional es la referente a las decisiones del Poder Judicial. Como se comentó entonces, en diversas ocasiones la puesta en libertad de personas vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala se explica por las falencias y violaciones procesales de la PGR, pero en otras parece contarse con tal cúmulo de pruebas contra los acusados que resulta difícil entender el sentido con que dictaminan los juzgadores.

Por la magnitud y trascendencia del caso Ayotzinapa, es necesario que el fiscal general se comprometa a fondo con la investigación, pues se encuentra en juego la credibilidad del gobierno y, más aun, la confianza que en lo sucesivo los ciudadanos puedan depositar en la justicia. De la misma manera, cabe esperar que los jueces entiendan y asuman la importancia de este pendiente para la vida pública del país, y que aborden cada tramo del caso en consonancia con ello.