Locatarios de la Central de Abasto se deslindaron del bloqueo de las puertas de Palacio Nacional.

La presidenta de la asociación de comerciantes del mercado mayorista, Perla Yadira Escalante, dijo que la mañana del miércoles, acompañada por integrantes de 12 sectores reconocidos por la Ceda, entre éstos acomodadores, comerciantes de flores y hortalizas y transportistas, acudió a Palacio Nacional a solicitar diálogo y entregar un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, una vez que entregaron el documento se retiraron porque en la zona se hicieron presentes otros actores políticos, como tianguistas y comerciantes de mercados públicos que no venían con nosotros.

Refirió que los sectores reconocidos son los que cuentan con autorización de la Central de Abasto desde hace mucho tiempo para desarrollar sus labores en el mercado mayorista.

Indicó que la petición que hacen como participantes del sector abasto es un llamado a Andrés Manuel para que se cree un mecanismo idóneo para la transparencia de toda la actividad administrativa y de los recursos dentro de la central.

El lunes pasado, la citada asociación, que agremia a alrededor de 3 mil comerciantes, según la dirigente, denunció que prevalecen desvíos de recursos, actos de corrupción y el conteo irregular por servicios, lo que genera afectación económica a los comercios y daña al consumidor final.

Esta situación se detecta en el cobro de peaje, servicio concesionado a la empresa Nerl, SA, por un monto anual de 460 millones de pesos, dejando al Fideicomiso de la Central de Abasto sólo 91 millones de pesos anuales.

Por su parte, el Fideicomiso de la Central de Abasto emitió un posicionamiento sobre las protestas originadas por el retraso en las obras de rehabilitación en la Ceda. Advirtió que la legalidad y la transparencia son principios de actuación irreductibles de la presente administración ante lo que no vamos a ceder.

Acusó que las administraciones antecesoras heredaron adeudos superiores a 510 millones de pesos, pasivos y cargas impositivas que han repercutido en una incapacidad de operar y atender en mejores condiciones a este complejo comercial.

Asimismo, ha debido cubrir adeudos por 15 millones de pesos, principalmente por concepto de impuestos no pagados durante el ejercicio 2018.