La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes de reforma a las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional, con la meta de otorgar a las instituciones atribuciones en materia de contrainteligencia y mejorar la seguridad cibernética.

En el primer caso se trata de generar información contra actividades de espionaje y sabotaje planificados por gobiernos extranjeros u organizaciones nacionales.

Dado que en la actualidad la Ley de Seguridad Nacional incluye un concepto ambiguo de lo que es contrainteligencia, la comisión decidió modificarlo para hacerlo puntual.

La propuesta ve la contrainteligencia como la generación de información y las actividades dirigidas a la detección, localización y protección contra actividades de inteligencia, espionaje y sabotaje realizados o planificados por gobiernos extranjeros, individuos u organizaciones del exterior, o por el crimen organizado, con pretensiones de vulnerar la estabilidad interior.

La comisión validó otro dictamen para reformar la Ley de Seguridad Pública, a fin de promover medidas de cooperación entre instancias de los tres niveles de gobierno, instituciones académicas, organizaciones empresariales y sociedad civil organizada, para el intercambio de información, mejores prácticas y tecnologías de seguridad cibernética que permitan mejorar la ciberseguridad.

De igual manera, se plantea la promoción de prácticas orientadas a la construcción de una cultura preventiva de seguridad cibernética, cuyo eje central sea el respeto a los derechos humanos.

La iniciativa destaca, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que del primer trimestre de 2011 al mismo periodo de 2017, las quejas por posible fraude cibernético pasaron de 38 mil 539 a 639 mil 857.

El monto reclamado en el primer trimestre de 2017 ascendió a mil 167 millones de pesos.

Hace dos años, el promedio mensual de fraudes cibernéticos en comercio electrónico fue de 193 mil casos, cuando el año anterior era de sólo 131 mil. En cuanto a fraudes cibernéticos en banca móvil, en marzo de 2017 se presentó la cifra de 3 mil 682 casos.