Ramón Sosamontes Herreramoro, quien se desempeñó como jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), interpuso una demanda de amparo ante un juez federal de la Ciudad de México contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el cual le fue negado.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó ayer por la tarde que dichas cuentas ya fueron bloqueadas.

Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso el pasado día 13 por ejercicio indebido del servicio público cuando estaba al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), entre el primero de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.

Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, no admitió a trámite el recursos de Sosamontes hasta que aclare el acto que reclama.

Entre los datos de prueba que el Ministerio Público Federal presentó en la audiencia de vinculación a proceso de Robles Berlanga, están los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de contratos y convenios que ex funcionarios de Sedesol y Sedatu firmaron con universidades estatales y politécnicas; entre ellos se mencionó a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de ambas dependencias, y a Ramón Sosamontes, como involucrados en la firma de esos convenios.

De acuerdo con los datos presentados ante un juez con sede en el Reclusorio Sur, Sosamontes signó al menos dos contrataciones de obras y servicios con diversas entidades educativas y empresas privadas, que luego fueron desviados del propósito para el que estaban destinados, lo que provocó un daño patrimonial por 955 millones 311 mil 55 pesos.