Viernes 30 de agosto de 2019, p. 25
Washington. El ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey violó las políticas de la agencia cuando filtró documentos sobre conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el organismo de control del Departamento de Justicia, aunque precisó que no será procesado por ello.
Comey, despedido por Trump en 2017 después de que supuestamente se resistió a las súplicas del presidente para abandonar la investigación sobre el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, redactó los documentos filtrados después de reunirse con el presidente durante sus primeros días en la Casa Blanca.
Uno de los documentos detalla que Trump le pidió a Comey que cerrara la investigación sobre Flynn, quien finalmente admitió haber mentido a la FBI sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia.
La admisión condujo a una de las primeras acusaciones de la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller sobre los contactos entre funcionarios de Rusia y la campaña electoral de Trump en 2016.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia reprendió a Comey por pedir a un conocido, docente de la Universidad de Columbia, que filtrara el contenido de la nota al periódico The New York Times.
Comey dio un ejemplo peligroso
para los empleados de la FBI en un intento de lograr un resultado deseado personalmente
, indicó el informe.
Sin embargo, las notas proporcionadas no contenían ninguna información clasificada, explicó la autoridad responsable de investigar posibles abusos en entidades dependientes del Departamento de Justicia.
El nombramiento de un fiscal especial ha envenenado el mandato de Trump durante casi dos años.
En su anuncio de abril, Robert Mueller explicó que no había encontrado evidencia de un acuerdo entre Moscú y la campaña de Trump, pero sí enumeró una serie de presiones presidenciales preocupantes que salieron a la luz en su investigación.
Mueller dejó en claro que el mandatario no había sido exculpado y cuando entregó su informe final expresó que la responsabilidad de juzgar al jefe de la Casa Blanca por una presunta obstrucción de la justicia la dejaba en manos del Congreso, donde un número importante de demócratas están en favor de abrir un proceso de destitución.