Los subsidios de 3 mil 600 pesos mensuales para 900 mil personas del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas de mil 600 pesos bimestrales para estudiantes difícilmente eliminan el incentivo de los jóvenes de unirse a grupos delincuenciales que ofrecen contraprestaciones más elevadas, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Los programas sociales deben complementarse con el uso legítimo de la fuerza pública en la lucha contra el crimen, exigió el organismo al destacar que la inseguridad creció 5.4 por ciento entre enero y julio de 2017, al sumar un millón 178 mil 600 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las encuestas de Seguridad Urbana y de Victimización y Percepción sobre Seguridad, así como la de Victimización de Empresas del Inegi.

Los delitos de alto impacto aumentaron 3.2 por ciento a tasa anual, el robo a transeúntes 21.4 y el hurto en transporte público 26.6. El Ceesp enfatizó: La violencia de género reclama solución urgente, ya que la violación aumentó 29.8 por ciento, el abuso sexual 27.9 y el acoso sexual 53.7.

Si bien calificó de acertada la estrategia contra la inseguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, basada en políticas sociales con transferencias de recursos a la gente para disuadir a grupos que han sido propensos a formar parte de la ilegalidad, también la tildó de insuficiente.

México es percibido como uno de los países más violentos del mundo, ya que ocupó el lugar 140 entre 163 naciones analizadas en el Global Peace Indicator, del Institute for Economics and Peace. El costo de la violencia en el país representó 10 por ciento del producto interno bruto (PIB) el año pasado, según dicha institución.