Tengo que aceptar que no tengo una política energética clara. Tengo que aceptar que lo que creía que era la solución, hoy me encuentro que no es. Fueron las palabras casi textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con 40 industriales el pasado 10 de julio en Nuevo León.

Dichas declaraciones, a su vez, las transmitió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, a empresarios también de ese estado en la Expo Pyme 2019, de la Cámara de la Industria de la Transformación, encabezada por Adrián Sada, efectuada el viernes pasado.

En el mismo acto, el ahora funcionario dijo que López Obrador admitió las deficiencias de su política energética y, por ende, creará un comité de la mano de la iniciativa privada para atender el rubro.

“(…) Tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían, y para eso voy a formar un comité entre el sector público y el privado, para que ayuden a definir la política energética”, siguió comunicando Romo, palabras más, palabras menos, el primer reconocimiento del Presidente sobre carencias en el sector energético.

Romo, cuya tarea es el vínculo con la iniciativa privada, también aseguró que es la primera vez que en un tema tan sensible como la energía se apuesta por un grupo mixto, empresariado y gabinete.

Con una reforma energética en vilo, aunque de recurrente crítica en el discurso del Presidente, Romo aseguró que hasta el momento se apuesta por que el Estado contenga 54 por ciento de la producción de energía; el resto, el sector privado.

Además, no se descarta flexibilizar las rondas petroleras que hasta ahora implican 20 por ciento de las reservas dedicadas a Petróleos Mexicanos y 20 por ciento a la iniciativa privada. La refinación al Estado, y la perforación en yacimientos profundos para el sector privado.

Si 20 por ciento en manos de la IP produce lo que dicen que van a producir, y es negocio para la hacienda pública, no tengo inconveniente de ser flexible en las rondas futuras, aseveró.

Según Romo, el mandatario también apuesta por que la operación de hidroeléctricas se quede a cargo del Estado, pero su mantenimiento se haga con banca de desarrollo.