Entre 2000 y 2018, las empresas mineras extrajeron cinco veces más oro del territorio mexicano que todo el que se explotó durante los tres siglos de la Colonia, etapa considerada históricamente como sinónimo de saqueo.

En lo que va de este siglo, sobre todo a partir de que se aprobó la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, la actividad extractiva se fortaleció, trayendo consigo graves problemas sociales, económicos y ambientales.

Así lo señala el Anuario 2018, Actividades extractivas en México. Retos para la Cuarta Transformación, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que se presentó ayer en Casa Lamm. El documento asienta que de 2013 a 2018 los proyectos mineros en México aumentaron 77 por ciento.

Indica que mientras en 2010 había 667 proyectos mineros en el país, para 2018 sumaban mil 531. De ese total, mil 113 estaban dedicados a la exploración y 68 por ciento estaban destinados a buscar minerales preciosos, en particular oro.

Al presentar la investigación, Francisco Reynoso, titular del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, informó que entre 2000 y 2010 las mineras, la mayoría extranjeras, se llevaron el doble del oro extraído durante la Colonia; de 2011 a 2014 se extrajo una cantidad similar, y tan sólo entre 2017 y 2018 también se consiguió el doble de ese mineral al que se logró obtener durante 300 años.

Cada vez es más rápido ese saqueo intensivo en este país a costa de las comunidades, señaló.

Contra el argumento de desarrollo esgrimido por gobiernos y empresas, las regiones donde se explotan los minerales no gozan de los beneficios económicos. En las zonas donde se extrae oro y plata, los índices de pobreza superan la media nacional, pues más de la mitad de habitantes viven en la miseria.

Tan sólo donde se explota la plata, la cuarta parte de la población vive en rezago educativo, una de cada tres personas no cuenta con los recursos suficientes para acceder a la canasta básica, 60 por ciento viven en la pobreza y 30 no cuenta con servicios básicos de vivienda.

El reporte también critica que el gobierno de López Obrador apueste por invertir en el sector de los hidrocarburos, cuando éstos, además de contaminantes, son cada vez menores en el país.

Tan sólo en el periodo de vigencia de la reforma energética (2013-2018), los ingresos petroleros pasaron de 33 a 19 por ciento, a raíz de un declive porcentual de 28 puntos en la producción del energético al finalizar el sexenio pasado.

Pese a esa realidad compleja para los hidrocarburos, la administración federal sigue apostando por esa industria, pues para el actual ejercicio fiscal se destinaron 25 mil millones de pesos extra a la Secretaría de Energía para fortalecer a Pemex, más 82 mil 527 millones a la paraestatal para rescatar su sistema nacional de refinación.

Reynoso celebró que el presidente López Obrador se haya pronunciado contra el fracking, sin embargo, lamentó que aún no se prohíba legalmente.

El informe de Fundar revela que las actividades extractivas en México aportan apenas 0.66 por ciento del total del empleo asegurado en el país y prácticamente la tercera parte del personal (27.4 por ciento) se contrata a través de tercerización.