Miércoles 21 de agosto de 2019, p. 6
De nada servirá una reforma electoral que busque reducir el costo de la democracia si se dejan temas sueltos como el tope de gastos de las campañas en los estados, donde se tienen límites muy elevados, señalaron consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).
Como parte de las propuestas presentadas al Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara de Diputados, pusieron de ejemplo entidades donde se tienen altos topes de campañas, entre ellas el estado de México y Chiapas.
Estimaron que esos límites deben ser realistas y lo más homogéneos posible.
También señalaron que deben hacerse cambios sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, pues en la actualidad la vía postal que se utiliza es una de las más costosas. De hecho, cada sufragio que se emite cuesta 30 dólares.
Luego de recordar que el número de connacionales en el exterior que han votado en los comicios se ha incrementado de 33 mil en 2006 a 98 mil en 2018, reconocieron que el procedimiento es complejo porque se tiene que verificar en varias ocasiones la identidad del elector.
Consideraron que se puede recurrir al voto por Internet sin necesidad de realizar cambios en las leyes, pero sería positivo el acompañamiento del legislativo en este tema.
Agregaron que ese tipo de sufragio, además de ser más barato, podría generar mayor participación.
Los consejeros insistieron en que se debe establecer el voto electrónico en el país para reducir el costo del sistema político-electoral, aunque alertaron que el mecanismo a utilizar debe ofrecer más exactitud, certeza y que la entrega de los resultados sea más rápida. Tiene que ser una solución sólida a prueba de la desconfianza que ha caracterizado a la ciudadanía mexicana.
Otras propuestas presentadas son las de ampliar la base de quienes pueden hacer aportaciones a los partidos políticos.
Dado que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tiene una sobrecarga de trabajo, se planteó que se dejen de revisar ingresos y gastos de agrupaciones políticas que ya no reciben financiamiento público, así como de los observadores electorales, ya que éstos tienen formas distintas de fondearse y están sujetos a otro tipo de controles.