La American Chamber (Amcham) demandó cero tolerancia a la corrupción y respaldó a las autoridades como aliada de la promoción de la cultura de la legalidad dentro y fuera de las empresas.

El organismo, que agrupa a cerca de mil 450 empresas de origen estadunidense, informó que realizó el Taller de Cumplimiento con las Autoridades con representantes de diversas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Recordó que debe haber reglas claras que den certidumbre a la inversión así como transparencia para que las empresas puedan seguir operando, produciendo y compitiendo en México.

Sólo si seguimos trabajando en alianza con las autoridades, podremos avanzar como país en los temas más urgentes de resolver: seguridad, generación de más y mejores empleos e inclusión en el acceso a educación, salud, vivienda y oportunidades de desarrollo, destacó Gustavo Almaraz, presidente del comité de legalidad y estado de derecho de la Amcham.

Identificar y establecer una matriz de riesgos permitirá a las empresas tomar medidas efectivas para mitigarlos, sostuvieron representantes de la UIF, quienes consideraron conveniente que las empresas trabajen bajo un enfoque basado en riesgos.

A su vez, Pedro Isaac Alcalá, director ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), sostuvo que todas las empresas, sin importar su tamaño, deben tener oportunidad de competir en el mercado.

Las empresas, enfatizó, deben contar con un programa de cumplimiento efectivo –con el involu-cramiento de cargos directivos– para evitar incurrir en prácticas anticompetitivas y refirió que la Cofece mantiene un diálogo permanente con el sector público para asegurar que las licitaciones públicas estén alineadas con sus principios.

José Luis Venegas, jefe de departamento de verificación metrológica de la Profeco destacó los cambios realizados a la Ley Federal de Protección al Consumidor como la incorporación del concepto de venta fuera del establecimiento mercantil, medidas de protección a la vida, la salud y seguridad de los consumidores y la atribución de la dependencia para cobrar multas y regular el comercio electrónico, con un cambio de enfoque, de correctivo a preventivo.

La transparencia se institucionalizó para dar certeza, enfatizó Francisco Javier Acuña, presidente del INAI, refiriéndose a la importancia del intercambio permanente de información con el Estado.

“El instituto debe custodiar con eficacia la enorme cantidad de bases de datos que aloja el sector público… las empresas deben tener un sello de pulcritud en el manejo de bases personales”, puntualizó.