Después de las manifestaciones llevadas a cabo en días recientes por mujeres que exigen alto a la violencia en su contra, diversas organizaciones expresaron su respaldo al movimiento y denunciaron que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para atender esta problemática son insuficientes.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, destacaron que, según datos oficiales, de enero a junio de 2019 fueron asesinadas mil 812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 por día.

Además, el año pasado se registraron a nivel nacional un total de 15 mil 322 denuncias por violación sexual. Y la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que, lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ellas, abundaron.

En un comunicado, las organizaciones destacaron que ante esta situación, la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra ellas.

El viernes pasado, una movilización de mujeres que protestaban en contra de los abusos sexuales y violaciones, derivó en actos de agresión contra policías, reporteros y destrozos, así como pintas al monumento del Ángel de la Independencia.

Las organizaciones señalaron que lo que sucede en la capital del país es un indicador de lo que ocurre en otros estados. Ante ello, las acciones desde la Presidencia, Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio.

En este sentido, las organizaciones demandaron que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México declare la alerta de género, negada en junio pasado por la Conavim; que se realicen investigaciones con perspectiva de género; se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, y que se conformen cuerpos de policías de género, entre otras.