Estela Ángeles Mondragón se ha dedicado por años a defender a las comunidades rarámuri en Chihuahua. Hace casi 10 años este trabajo le cobró con sangre, pues su esposo fue asesinado en su despacho el 1 de marzo de 2010. Semanas antes ella misma sufrió un atentado y en otro evento también quisieron matar a su hija.

Al igual que hace una década, diversos actores del estado han emprendido una campaña de linchamiento en su contra. En esta ocasión tiene dos procesos penales en la sede occidente de la Fiscalía estatal de justicia.

En uno la acusan de haber robado 16 millones de pesos que se pagaron a la comunidad Huahuacherare por concepto de indemnización por más de 20 mil hectáreas y uno más por la supuesta venta de terrenos de la comunidad Baqueachi, señalamientos que niega y exige que las autoridades investiguen, pero que le permitan defenderse conforme a derecho.

No soy ninguna ratera, no he robado nada a nadie. Hasta el día de hoy puedo ver de frente a la gente. No estarían conmigo (ambas comunidades) como están ahora. No he vendido ninguna tierra de Baqueachi ni robado dinero de los ejidatarios de Huahuacherare.

La protección que tiene es insuficiente

Con esta nueva persecución teme por su seguridad. Cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, dice que las medidas para su protección son insuficientes.

Desde hace varias semanas, en medios de comunicación locales, se han publicado notas periodísticas en los que se le acusa de robar a los pueblos rarámuris y de lucrar con su defensa. Tal como sucedió a finales de 2009, lo que a la postre trajo un atentado en su contra el 6 de enero de 2010, otro contra su hija, el 18 de febrero y el asesinato de su compañero de lucha y vida Ernesto Rábago Martínez, crimen que hasta ahora sigue impune.

Al ser entrevistada, la activista detalla que las imputaciones en su contra son falsas. Señala a una organización llamada Consejo Supremo de la Tarahumara, al igual que otros actores, entre ellos integrantes de Morena. Pero esto debe ir más allá. Espero que investigue y se llegue a fondo.

Sobre el presunto robo de 16 millones de pesos, explica que se trata de un recurso de indemnización que en representación de la comunidad de Huahuacherare ganó en 2010, y tras un proceso en tribunales agrarios, el gobierno federal pagó a los ejidatarios. En principio esos recursos se utilizarían para un proyecto para la producción de dulces de leche de cabra; sin embargo, como no se concretó a través de sus usos y costumbres, los representantes de la comunidad decidieron que los recursos se entregarán a cada ejidatario. También niega haber vendido terrenos de Baqueachi.

Como muestra de su inocencia dice que el viernes 9 de agosto se presentó ante las autoridades correspondientes para declararse imputada y que el proceso se conduzca con base al derecho y respecto a sus garantías fundamentales. Un amigo me informó de las investigaciones en mi contra, de no ser así me hubiera enterado hasta que me llamaran ante un juez.

Agrega que así como hace 10 años no nos rajamos, no lo hará ahora, pues se lo debe a su esposo, a las comunidades y sobre todo a ella misma.