En el último año del sexenio pasado, las pérdidas económicas para la dotación de agua potable a la población, ligadas a irregularidades o actos de corrupción, se estiman entre 7 mil 300 millones y 10 mil 400 millones de pesos, de acuerdo con el estudio Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México.

Elaborado por la Red del Agua UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica –instancia bajo auspicio de la Unesco–, la investigación señala que entre 21 y 30 por ciento del presupuesto para este subsector destinado al final de la administración federal pasada se malversó y no llegó a su destino. La corrupción en este ámbito es sistemática, concluye.

Además, señala que 22 por ciento de la población entrevistada dio u ofreció sobornos; sólo tres de cada 10 personas han denunciado algún acto de corrupción, y 59 por ciento de los consultados están inconformes con el servicio de agua.

Indica que el valor promedio de la mordida ciudadana asciende a 200 pesos, y se destina a recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago y hasta por una o varias conexiones para contar con el líquido.

El estudio fue presentado por el investigador Jorge Arriaga Medina, coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM, en el coloquio Agua para una ciudad sostenible, convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Subraya que en México el deterioro de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ha sido producto de la corrupción.

En el Museo de las Constituciones, en el Centro Histórico, Arriaga Medina dijo que aunque 200 pesos aparentan ser una cantidad modesta, es demasiado para personas que viven en sitios marginados del país, y son éstas las que resienten en mayor proporción el deterioro en la calidad del servicio.

Sobre los actos de corrupción detectados, el especialista en tecnología ambiental declaró que hubo colusión entre servidores públicos y contratistas e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del subsector y falta de información pública.