En tan sólo cuatro años, ocupando altos cargos dentro de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa González y Ramón Sosamontes Herreramoro suscribieron al menos siete convenios que causaron daños al erario por mil 630 millones 616 mil 503 pesos. Así se desprende de los datos vertidos durante la audiencia judicial del pasado 12 de agosto, en donde se vinculó a proceso, por ejercicio indebido del servicio público, a quien fue titular de esa dependencia y jefa inmediata de ambos, Rosario Robles Berlanga.

En la diligencia se mencionó que Zebadúa González, en su calidad de oficial mayor de la Sedesol, era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el desvío de miles de millones de pesos.

Según los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2013 y 2016 ex subordinados de Robles Berlanga firmaron 25 contratos y convenios con sus respectivos anexos, entre la Sedesol y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con universidades, así como con sistemas de radio y televisión estatales.

Resultados de auditorías

Los dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) en 2013 indican que Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol presuntamente suscribió tres convenio con el ex rector Alejandro Vera, por 675 millones 305 mil 448 pesos, para distribución de equipo y material de apoyo para la operación de promotores al interior de la Ruta Sin Hambre en 400 municipios marcados como prioritarios por la secretaría.

Asimismo, de acuerdo con las constancias que la FGR dio a conocer durante la audiencia inicial y en la que se vinculó a proceso a Robles Berlanga, Sosamontes Herreramoro, primero como jefe de la Oficina de la secretaria y luego como titular de Comunicación Social de la Sedesol, suscribió dos convenios generales, uno específico y otro de prestación de servicios, con Radio y Televisión de Hidalgo entre 2014 y 2015, para la difusión del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y que causaron un presunto daño al erario federal por 955 millones 311 mil 55 pesos. 

Por su parte, Robles Berlanga fue mencionada como la firmante directa de uno de esos convenios, el suscrito con la Universidad Autónoma de Chiapas, por 60 millones 952 mil 400 pesos, en mayo de 2013, y cuyo objetivo, según el contrato, era Establecer los mecanismos y acciones de colaboración entre UNACH y la Sedesol para la realización, en el ámbito de sus atribuciones, de proyectos, programas y demás trabajos conjuntos en áreas de interés común.

Ilícitos desde 2013

La FGR detalló que los contratos y presuntos actos de cohecho iniciaron en febrero de 2013, cuando se firmó el primer convenio entre la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Sedesol, por 21 millones 177 mil 406 pesos, para la implementación y puesta en marcha de ventanillas de atención por la demanda para la incorporación de los beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. Pero en ese año y 2014 la dependencia signó otros ocho convenios diferentes con dicha casa de estudio y la UAEMor por un monto de mil 234 millones de pesos.

Los fiscales presentaron testimonios de funcionarios que señalaban haber informado a Robles Berlanga de las irregularidades que se cometían en las instituciones a su cargo, y con ello se dio sustento a la imputación de ejercicio indebido del servicio público.

Entre las pruebas prresentadas se mencionaron las declaraciones de tres ex colaboradores de la ex secretaria: el director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, José Antolino Orozco, quien junto con Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, signaron en 2014 un contrato también con la UAEMor por 77 millones 847 mil 14 pesos. Dos años más tarde, en 2016, cuando Antolino era titular de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedatu, firmó otro contrato con la Universidad Politécnica de Tlaxcala por un monto de 178 millones 634 mil 588 pesos. 

Marcos Salvador Ibarra Infante también suscribió contratos. Uno fue en 2014 entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México, y uno más en 2015, como director general adscrito a la Unidad de Coordinación de Delegaciones, con la Universidad Autónoma de Zacatecas, por 26 millones 622 mil pesos. 

Con información de Eduardo Murillo