El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señaló que las filtraciones de información en los casos de violencia contra las mujeres, las revictimiza y pone en riesgo como ha sucedido con la menor que señaló a policías de la Ciudad de México de violentarla sexualmente y cuya respuesta no asertiva de las autoridades, derivó en actos que evidencian el hartazgo social como la protesta del lunes pasado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina a causa de un caso de violecia sexual de policías contra una adolescente en la alcaldía Azcapotzalco.

Expuso que la violencia feminicida prevalece en la capital del país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre del año se han registrado 118 asesinatos de mujeres en esta ciudad, siendo investigados como feminicidio sólo 16 por ciento, es decir, 19 casos, “lo que –una vez más– evidencia que no se está investigando con perspectiva de género”.

Alarma en la CDMX por incidencia de denuncias

Respecto a la violencia sexual, señaló que en los primeros seis meses de 2019 se documentaron 369 denuncias, ubicando a la Ciudad de México en el primer lugar a nivel nacional en este tipo de delito.

Ante este panorama, demandó la implementación de medidas específicas de acuerdo al contexto y a los obstáculos que enfrentan las víctimas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de género. Asimismo, que las autoridades informen sobre los avances en la investigación de los casos de violencia sexual en donde estén implicados policías y funcionarios públicos.

El OCNF destacó que si bien durante los ocho meses del gobierno de la Ciudad de México se han anunciado diversas acciones para combatir la violencia contra las mujeres, en la práctica, distan mucho de ser materializadas.

El observatorio reconoció el establecimiento de la estrategia Cero impunidad y justicia absoluta para las mujeres y niñas víctimas de violencia, encabezada por la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, y la titular de la PGJ, Ernestina Godoy.

No obstante, la organización civil demandó se instale a la brevedad una mesa técnica con representación social para la elaborar el Plan de Acción a la Violencia Feminicida a escala nacional.