El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió ayer dos propuestas de reforma constitucional a la Comisión Permanente, una para reforzar la disposición de que ningún servidor público podrá percibir un salario superior al del Ejecutivo federal, incluidos los integrantes de los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México y el Instituto Nacional Electoral (INE), que hasta ahora se han opuesto a la disposición e incluso interpusieron recursos judiciales en contra.

La otra iniciativa prohíbe las condonaciones de impuestos, que en la actualidad puede llevar a cabo el presidente de la República y que los dos sexenios pasados sumaron más de 400 mil millones de pesos.

Las dos iniciativas fueron presentadas al pleno y turnadas por el presidente de ese organismo, Martí Batres, a la Cámara de Diputados.

La primera propone modificar los artículos 116 y 127 de la Constitución, a fin de que los límites nominales a la remuneración que percibe el titular del Poder Ejecutivo sea respetada por todos los servidores públicos....

Ello no implicará vulnerar la autonomía presupuestaria de los órganos autónomos, sostiene López Obrador, ya que se realizará con respeto al ejercicio de sus atribuciones.

En la iniciativa se define que dichos entes, incluidos la Fiscalía General de la República, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarias o la UNAM, deberán regirse por esa ley, y en caso de que sus remuneraciones sean ahora superiores a las del Ejecutivo federal, deberán ser ajustadas o disminuidas.

En un artículo transitorio se establece que los congresos locales tendrán un máximo de 180 días naturales para que concertar sus leyes y salarios a este tope máximo; señala que quienes no lo hagan serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

En su segunda iniciativa, el mandatario propone modificar el primer párrafo del artículo 28 de la Carta Magna, para establecer que quedan prohibidos las condonaciones y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, así como las prohibiciones a título de protección de la industria.

En la exposición de motivos, resalta que en épocas recientes, con la finalidad de normalizar la actividad económica en regiones y sectores, el Ejecutivo federal, en uso de sus atribuciones, ha procedido a la condonación de impuestos.

Sin embargo, en los últimos sexenios se ha distorsionado, hasta llegar al punto de otorgar condonaciones generalizadas, prácticamente de forma lisa y llana, sin que exista un enfoque de política fiscal. Como resultado de ello, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se condonaron 400 mil 902 millones de pesos a sólo 153 mil 530 contribuyentes.