De los más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario federal para obras no entregadas y trabajos no realizados que se esparcieron en el sistema financiero mexicano, 3 mil millones de pesos presuntamente se entregaron a instituciones académicas que se ubican en el estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas, refieren los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación presentada contra la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga.

Lo anterior, de acuerdo con los 24 dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que presentó la fiscalía como dato de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles, relacionados con la firma de contratos y convenios que ex funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron con universidades estatales y politécnicas, y entes públicos que no tenían experiencia ni la capacidad técnica para realizar los servicios contratados.

De acuerdo con los registros de la ASF, entre 2013 y 2014 las universidades Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Autónoma de Morelos (UAM) obtuvieron más de un millón 88 mil pesos, debido a que la Sedesol firmó con estas casas de estudio al menos 11 contratos y convenios.

En la cuenta pública 2015 se menciona que la Sedesol firmó acuerdos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por un monto de 701 millones 563 mil pesos.

También hay un contrato con la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh) por 121 millones 600 mil pesos, y con la Universidad Politécnica de Chiapas por 186 millones 113 mil pesos, dos más con la Universidad Quintanarroense, uno por 450 millones 68 mil pesos y el segundo por 356 millones 556 mil.

Asimismo, la Sedesol signó un convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 97 millones 268 mil pesos.

Entre los ex rectores que aparecen como responsables de haber signado los acuerdos se encuentran, por la UAM, Alejandro Vera Jiménez; por la UACh, Jaime Valls Esponda, y por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) aún investiga en qué acuerdos se falsificaron firmas o se suplantaron documentos.

De acuerdo con las investigaciones del MPF, los acuerdos tenían como propósito adquirir artículos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, otro relacionados con una estrategia de información para difundir programas sociales y campañas en radio y televisión o para el levantamiento de encuestas socioeconómicas en zonas rurales y semiurbanas con el fin de identificar y localizar a personas en situación de pobreza alimentaria en las 32 entidades federativas, así como la prestación de servicios informáticos y tecnológicos.

Para las autoridades, la mayoría de los convenios fueron irregulares debido a que las condiciones eran que las casas de estudio no podían subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero; sin embargo, algunas instituciones pagaron más de 92 por ciento.

Para la Fiscalía General de la República en los contratos y convenios se violaron varios artículos, principalmente el primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En la audiencia del pasado lunes, los abogados de Rosario Robles Berlanga pretendían que se desecharan los dictámenes de la ASF, al señalar que esos documentos se dieron a conocer tres años después de que se signaron los contratos y convenios.

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó la solicitud.