El despojo de inmuebles, asunto mayor
unque la política y la porquería –se mezclan pero no son lo mismo– dictan ahora la agenda noticiosa en todos los confines del país, en la Ciudad de México el fenómeno de despojo –porquería sin política– se ha convertido en un problema mayor que debe tener muy preocupados a todas y todos en el gobierno central.
El delito aumentó este año más de mil por ciento, aseguran las autoridades judiciales, o para decirlo de otra forma, más de mil personas, de mil familias, han sido despojadas de sus propiedades sin que exista poder alguno que impida el ilícito.
Parecería que con la idea de que este gobierno, tanto en lo local como en lo federal, será protector del más débil, grupos de pillos bien organizados han invadido propiedades protegidos por documentos falsos o por grupos de choque armados que les permiten cometer el delito.
Ya en la entrega pasada les platicamos de un caso en la demarcación Álvaro Obregón, donde la secretaria de un fiscal, que curiosamente viene del ámbito federal (el fiscal), protege de alguna manera, hay que decirlo, y con ello parecería que promueve la comisión del delito toda vez que en lugar de remitir a las víctimas con el fiscal, busca que el invasor y el despojado lleguen a un acuerdo
, donde el reclamo de lo legal queda en segundo término.
Pero no sólo es eso lo que indigna dado que se trata de una servidora pública, sino la serie de artimañas que han desplegado los que han hecho negocio con la necesidad de muchos que requieren un lugar dónde vivir y caen en el timo de líderes o abogados corruptos que han hecho del despojo su forma de vida.
No son muchas las caras de este delito, pero hasta ahora han sido eficaces –de más de mil despojos denunciados, sólo en 60 casos los dueños de las propiedades han sido restituidos en sus bienes–. La forma más violenta es aquella en la que un piquete de hombres armados quita a los dueños su propiedad a punta de fusil, y amenazan a sus víctimas de muerte en caso de denuncia. Otra forma es la que toman quienes se dicen líderes y llegan a los domicilios con órdenes de desalojo firmadas por alguna autoridad. En casi la totalidad de los casos los documentos son falsos, pero mientras se busca ayuda, los invasores se meten al inmueble de donde sólo los sacan a cambio del pago de fuertes cantidades de dinero.
La otra también es antaño efectivo. En este caso también alguien que se hace pasar como abogado presenta escrituras firmadas por un notario. Las escrituras, obviamente. son falsas y la notaría no existe.
La Procuraduría de Justicia de la ciudad empieza a tomar el asunto con la gravedad que los hechos demandan, pero en este caso, como en otros, no debe haber confusión: el despojo es un delito. Nada más.
De pasadita
Parece plan neoliberal. Ahora resulta que las bicicletas que hasta hace no mucho tiempo daban servicio a quienes buscan transportarse entre las calles de la ciudad, han visto como cada día hay menos artefactos de este tipo en las estaciones de Ecobici.
Contrario a ese fenómeno, si le podemos decir así, está la proliferación de otras empresas que ofrecen el servicio, y es que parece que, con toda intención, se está dejando morir a Ecobici donde el gobierno es dueño de los vehículos, para permitir que las empresas particulares reinen en el alquiler de los artefactos de dos ruedas.
¿Será que algo de aquellas mañas neoliberales se han quedado en este gobierno? Sería muy doloroso saber que ese es el camino, en este caso.
