rampolín o tumba, ese es el dilema para quienes acaban de ser nombrados, rezaba la Rayuela jornalera del 29 de agosto de 2015, es decir, dos días después de los movimientos realizados por Enrique Peña Nieto en su gabinetazo, y entre ellos destacaron los de José Antonio Meade (de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la de Desarrollo Social) y Rosario Robles (de esta última a la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano).

Pues bien. a cuatro años de distancia de realizados los citados movimientos y de tan premonitoria Rayuela jornalera, Rosario Robles fue depositada en una tumba política y judicial en Santa Martha Acatitla, y José Antonio Meade no sólo se cayó del trampolín (de la Sedesol brincó a la Secretaría de Hacienda y de allí a la candidatura priísta a la Presidencia de la República), sino que ahora corre el riesgo de contar con su propio sepulcro en alguno de los penales de la República.

Lo anterior, dada la advertencia del juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur (Felipe de Jesús Delgadillo) que lleva el caso de la estafa maestra y el proceso en contra de Rosario Robles en el sentido de una posible complicidad si es que la hoy inquilina de Santa Martha Acatitla en realidad informó a Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade del multimillonario desvío de recursos en Sedesol y Sedatu, y ninguno de ellos lo evitó o comenzó una averiguación judicial.

Así, todo apunta a que Enrique Peña Nieto y Meade serán investigados, si no es que ya están encima de ellos. Lo llamativo de esto es que, por lo menos hasta ahora, el nombre de Luis Videgaray –el poder tras el trono en el sexenio pasado– no ha salido a colación, cuando es de todos sabido que él participaba en todas las decisiones y exigía conocer hasta el último detalle de todo lo que se moviera.

Poco antes de que fuera depositada en Santa Martha Acatitla, Rosario Robles afirmó que notificó, teléfono rojo de por medio, a Enrique Peña Nieto sobre todas las observaciones relativas al presunto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social, al tiempo que José Antonio Meade tuvo conocimiento detallado, por medio del acta de entrega-recepción de la Sedesol, de las anomalías registradas.

Tras las afirmaciones de Rosario Robles, el citado juez fijó un plazo (próximo viernes) para que la ex funcionaria hoy presa presente copia certificada o notariada del acta de la entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social del 26 de agosto de 2015 y demuestre que proporcionó un informe detallado al ex presidente Enrique Peña Nieto sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, porque no son válidas las versiones de que se las comunicaba por la línea federal (el teléfono rojo), en giras de trabajo o reuniones de gabinete ( La Jornada, César Arellano García).

La oportunísima fotografía tomada el pasado martes en pleno Zócalo capitalino –a su salida de un desayuno con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera– muestra a un José Antonio Meade con cara de profunda preocupación –léase aterrorizada–, porque el ex funcionario, en el intento de Robles de salir del paso, ya está más que involucrado, al igual que el hasta ahora bailador novio de Tania. Para ellos el trampolín está cancelado. ¿Les tocará tumba judicial?

Las rebanadas del pastel

Quienes no pueden zafarse de todo esto son los operadores más ligados a Robles, embarrados hasta las suelas: Emilio Zebadúa (oficial mayor en las dos secretarías que ocupó Rosario, y principal responsable de suscribir los convenios irregulares que causaron daños al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, de acuerdo con el juez del caso) y Ramón Sosamontes (jefe de la oficina en Sedesol); el primero ya con amparo bajo el brazo y el segundo en febril busca de uno, aunque no les serán útiles dado el avance de las investigaciones, la documentación que certifica su participación en el estercolero y el inicio de las consignaciones.

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