La eliminación del esquema de financiamiento del Seguro Popular, que asigna recursos a los estados con base en la cantidad de personas afiliadas, para transitar a un sistema en que el presupuesto se determine a partir de lo ejercido el año previo y con incrementos acordes con la inflación –como propone la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud propuesta por el diputado Mario Delgado–, tiene el riesgo de perder el control del dinero y caer en un sistema arbitrario que no tome en cuenta las necesidades reales de salud de las personas, advierten especialistas dentro y fuera del gobierno.

Indicaron que en salud lo mejor es construir sobre lo ya hecho, no destruir para improvisar. Uno de los sectores que ve con preocupación el proyecto de reforma legal son los empresarios, porque no los incluye.

Dagoberto Cortés, director del laboratorio Hormona, planteó que el sector productivo agrupado en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica coincide con la iniciativa que busca garantizar servicios de salud y medicinas gratuitas, pero se requiere tener una organización eficiente del Sistema Nacional de Salud, superar la segmentación para eliminar la inequidad en los servicios.

Mientras para los derechohabientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) el presupuesto per cápita anual asciende a más de 16 mil pesos, para los afiliados del Seguro Popular es apenas de 3 mil pesos.

Además, del gasto privado en salud, 95 por ciento proviene de lo que destinan las familias de sus propios recursos a la atención de sus enfermedades. Esto también es reflejo de la inequidad que no se resuelve con la reforma propuesta por Morena.

El empresario recordó la disparidad que existe en México, en comparación con los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en los cuales la cantidad de médicos y enfermeras por cada mil habitantes es tres veces más alta.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que el Seguro Popular, a pesar de sus limitaciones, permitió el acceso a los servicios médicos de personas que antes carecían de esta posibilidad. Sin duda, dijo, hay áreas de oportunidad para mejorar su funcionamiento y fortalecer su sustentabilidad financiera en el largo plazo.

En cambio, para la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, órgano administrador de los recursos económicos del Seguro Popular, luego de 15 años no hay evidencia de que haya mejorado la salud de las personas y tampoco se ha cumplido la promesa de universalización de los servicios.

En un análisis del organismo se advierte, entre otros, que la mortalidad por diabetes reporta una tendencia creciente. Y es que en el Seguro Popular están cubiertas solamente algunas enfermedades, las que se alcanzan a pagar con el dinero disponible.