Colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones civiles señalaron que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un recurso interpuesto por las madres de seis migrantes hondureños a quienes se les ha impedido el acceso al expediente por el caso de sus hijos desaparecidos y se les niega que organizaciones civiles puedan representarlos.

Pese a que esos impedimentos son violatorios de garantías fundamentales, indicaron, el ministro ponente, Luis María Aguilar, presentó un proyecto en el que se limita aún más el derecho de esas víctimas, por lo que exigieron a los togados votar en contra del mismo.

En un pronunciamiento suscrito por 15 agrupaciones de familias de personas desaparecidas, como el Colectivo Solecito de Veracruz y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México, así como por casi un centenar de organizaciones civiles, como Servicios y Asesoría para la Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, refirieren que el proyecto del ministro Aguilar que se analizará este miércoles en la primera sala de la SCJN dentro del amparo en revisión 835/2018, limitaría la defensa de las garantías de migrantes.

Explicaron que seis madres de indocumentados hondureños desaparecidos en México se ampararon ante un acuerdo del Ministerio Público de la Unidad de Migrantes de la Fiscalía General de la República, el cual les niega su derecho a consultar el expediente del caso y el acceso a la justicia desde otros países, en este caso Honduras, utilizando el Mecanismo de Apoyo Exterior.

El amparo también se tramitó por la negativa para que defensores de derechos humanos acompañaran a estas familias en diligencias de investigación y revisar el expediente del caso, pues el Ministerio Público indicó que sólo las partes, como son los afectados y su asesor jurídico, pueden llevar a cabo esos actos.

El proyecto de Luis María Aguilar viola el derecho de las víctimas a elegir que defensores de derechos humanos las acompañen en el proceso de investigación penal. Además, ignora que las propias víctimas, ante la impunidad, son quienes realizan pesquisas por sí mismas, asesoran a otros agraviados y se han constituido en colectivos para apoyarse entre sí.

Destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que ninguna víctima puede ser impedida de tener acceso al expediente de una causa penal. Aunado a ello, dijeron que el Estado no tiene la capacidad para asignar a todos los agraviados en el país un abogado que revise su expediente.