En sólo ocho horas, legisladores y autoridades capitalinas aprobaron y publicaron la nueva Ley de Participación Ciudadana, con lo que se aplaza la elección de comisiones de participación comunitaria y la consulta sobre el presupuesto participativo de 2020.

En sesión extraordinaria, Morena, grupo de mayor presencia en el Congreso local, cedió eliminar el mecanismo de insaculación para la elección de candidatos a las comisiones de participación comunitaria, que sustituyen a los comités ciudadanos, así como aumentar el presupuesto participativo a 4 por ciento de manera progresiva a 2023.

Los partidos de oposición criticaron que se dieron atribuciones excesivas a la Agencia de Innovación Pública (Adip), a cargo de José Merino, que podrá participar en mecanismos de democracia y recabar información personal más no electoral.

También fue criticada la aprobación del mecanismo de consulta pública, mediante la cual la titular de la jefatura de Gobierno y los alcaldes pueden sondear de manera directa a la ciudadanía para conocer su opinión en temas como elaboración de programas, planes de desarrollo, uso de suelo y obras públicas.

Nos parece que este instrumento genera demasiados márgenes y demasiada discrecionalidad tanto a nivel de la jefatura de Gobierno como de las alcaldías, pues se puede prestar a que, sin participación del Instituto Electoral y de ninguna otra autoridad, se realicen consultas que después sirvan para validar decisiones sin la participación de ningún otro organismo, dijo el diputado Guillermo Lerdo de Tejada.

El debate se concentró en los reclamos de la oposición sobre la rapidez para aprobar la ley, mientras diputados de Morena justificaron que la ley fue elaborada durante seis meses mediante foros y consultas.

A la par, afuera del recinto de Donceles y Allende, un grupo de vecinos liderados por la ex diputada constituyente Mayela Delgadillo se manifestó para exigir claridad a los diputados en la nueva ley.

Esta urgencia de sacar la ley sobre las rodillas no cumple con el procedimiento que marca la Constitución, que fija 10 días para recibir observaciones de los ciudadanos; vamos a ampararnos contra el proceso para tener una participación real, dijo.

Luego de dos horas, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, José Martín Padilla, presentó 32 reservas al proyecto de dictamen, por lo que la mesa directiva decretó un receso de 10 minutos para generar acuerdos entre las bancadas. Esta pausa se alargó casi una hora, tiempo en que los legisladores de oposición se reunieron con la diputada de Morena Valentina Batres para acordar el aumento progresivo del presupuesto participativo y las facultades de la Adip.

A las 14 horas se retomó la discusión para aprobar cambios de redacción y desechar propuestas de la oposición, como incluir al Instituto Electoral de la Ciudad de México en la realización de consultas públicas y plebiscitos.

En la ley se mantuvo que la revocación de mandato será facultad exclusiva de la ciudadanía.

A las 17:30 horas concluyó la votación del dictamen, con 45 sufragios a favor y cuatro abstenciones. Hora y media más tarde la ley fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.