La Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha emprendido una campaña de criminalización contra la defensora de derechos humanos y territoriales del pueblo rarámuri, Estela Ángeles Mondragón, denunciaron más de 100 organizaciones civiles nacionales e internacionales.

En un pronunciamiento indicaron que existen dos denuncias contra la activista por la supuesta malversación de 16 millones de pesos, lo cual es totalmente falso.

El domingo pasado, señalaron, El Heraldo de Chihuahua publicó un reportaje que mezcla información real y falsa en el que la acusan de lucrar con litigios ejidales, de amenazar indígenas y despojarlos de tierras. Reconocieron la importancia de la libertad de expresión, pero acotaron que el trabajo de los medios se debe dar de forma ética.

Las organizaciones firmantes conocemos y reconocemos el trabajo que la activista ha realizado durante más de dos décadas en defensa de los pueblos territoriales de las comunidades rarámuri. Ángeles Mondragón ha logrado, de la mano de la comunidad indígena de Baqueachi, recuperar alrededor de 21 mil hectáreas de tierra, cuyo uso y disfrute estaba en manos de ganaderos de la región, un litigio agrario que ha costado cerca de 25 años, el asesinato aún impune de su esposo Ernesto Rábago Martínez en marzo de 2010, atentados contra ella y su hija, así como amenazas de muerte en su contra por los fuertes intereses trastocados, subrayaron

Debido a la situación de riesgo que enfrenta la activista, desde 2012 cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El pronunciamiento es firmado por 103 organizaciones nacionales, cinco internacionales y siete articulaciones o redes, entre las que destacan la Red Todos los Derechos para Todas y Todos –conformada por 87 organizaciones no gubernamentales de 23 estados del país–; por los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Matías de Córdova; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Su caso “sería el primero de criminalización de una defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía de Chihuahua.

En un informe sobre criminalización de defensores, la CIDH expresó preocupación sobre ‘el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de ellos, el cual, no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que tienen en la consolidación de la democracia y el estado de derecho.’”