En el Día Mundial contra la Megaminería, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó ayer a hacer conciencia acerca de la contaminación y daño que produce esta actividad al medio ambiente.

En un tuit indicó que se construye una visión que busca la armonía entre tradición y modernidad, sin amenazar el legado biocultural de México. Esto ocurre días después de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró parcialmente instalaciones de Grupo México y la Semarnat señaló que esta empresa suma 22 accidentes desde 1998.

Los últimos años ha habido un auge de las actividades de exploración, extracción y beneficio minero, debido a la desregulación del sector, señala en un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el cual considera que se debe modificar la normatividad en la materia, como el artículo sexto de la Ley Minera, para que no sea considerada actividad de utilidad pública o preferente, por lo cual la autoridad otorga concesiones a empresas sobre terrenos de propiedad privada o social.

También plantea que se debe modificar el régimen de concesiones de exploración, así como fortalecer la ley de responsabilidad ambiental, la cual se aplicó en la empresa Buenavista del Cobre en el accidente que derramó 40 millones de litros de residuos peligrosos en agosto de 2014, del cual persisten las denuncias por contaminación.

El consejo considera que debe haber consentimiento de la población antes de entregar las concesiones, ya que una de las principales causas de conflictos socioambientales en México es la imposición de actividades mineras sin la participación, consentimiento y conocimiento de la población que habita los territorios involucrados.

Concesiones aprobadas por pobladores

Agrega que un nuevo marco normativo debe prever la participación y el consentimiento de la población potencialmente afectada antes de la entrega de concesiones. Además, los mineros tienen obligaciones mínimas para detentar la concesión, como elaborar informes productivos y geológicos, pagar derechos, realizar determinados trabajos e informar a la autoridad sobre los mismos.

Es vital generar obligaciones adicionales para los concesionarios mineros frente a trabajadores; comunidades afectadas o potencialmente dañadas, medio ambiente; propietarios de la tierra y ordenamientos territoriales vigentes.

Refiere asimismo que la Ley Minera establece que los concesionarios gozan del derecho a disponer del agua proveniente del laboreo de las minas sin que medie una concesión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto es ambiguo y ha dado pie a abusos de los concesionarios, asevera.